El Tribunal Supremo tendrá la última palabra respecto a las millonarias pérdidas que el Plan Estratégico de la nueva PAC diseñado por el Gobierno de España ha deparado al campo andaluz, y en especial al sevillano. Los recursos presentados por Asaja-Sevilla han sido «admitidos a trámite», lo que aún hace albergar la esperanza a sus dirigentes de que se corrija el injusto repartos de las ayudas que cuesta 60 millones de euros anuales a la provincia sevillana.
Los profesionales del campo atraviesan una situación compleja, agravada en el caso de Andalucía. Cuando se recuerdan los agravios a la comunidad del Gobierno de España pocas veces se incluye la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), dictada de forma arbitraria por el ministro Luis Planas. Fue un proceso largo en el que, desde un principio, las organizaciones agrarias alertaron de las consecuencias para los agricultores y ganaderos de la comunidad. De nada sirvieron las protestas, porque el plan estratégico estaba perfectamente diseñado para lograr dividir al sector de forma sibilina. Salió perdiendo quien más contribuye al campo y a evitar la despoblación, la región que más contribuye a los postulados medioambientales y, por supuesto, la que más oposición mostró también políticamente.
La nueva presidenta de Asaja-Sevilla, María Morales, lamentó que 2024 haya «confirmado las pérdidas que auguramos». Pero ello no quiere decir que la organización que dirige haya asumido la nueva PAC, «para nada», subraya. De hecho, «desde el punto de vista judicial aún tenemos algo que ver con la PAC como ASAJA-Sevilla». El primer año de aplicación real del nuevo marco 2023-2027 ha acarreado a Andalucía unas pérdidas cuantificadas entre 114 y 120 millones de euros. De esta cifra, la mayor parte la soporta la provincia de Sevilla, que ha dejado de recibir 60 millones de euros respecto a la etapa anterior. «Somos la provincia de España que más pierde», recalca Morales, que sabe que la vía de los tribunales es lentísima tal y como funciona la Justicia en España. «Los dos recursos que presentamos han sido admitidos a trámite. Tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo nos dé la razón. De hecho, hay antecedentes. En 1991 se recuperaron unos 60 millones por una PAC mal hecha y esperamos que vuelva a pasar», añade.
Los recursos técnicos planteados por Asaja-Sevilla son «comprensibles al 100%», porque el Plan Estratégico de Planas es «de una injusticia y arbitrariedad impresionantes». Es más, la reclamación se centra precisamente en que no hay un criterio técnico real, solo un criterio de zona, que supone simplemente dañar a Andalucía y beneficiar a otro territorio, como Castilla-La Mancha, curiosamente socialista. La sensación que ha quedado es que como hacían falta fondos y la bolsa de superficie de Sevilla era grande había que «pegarle el bocado». El nuevo sistema castiga con especial dureza a los agricultores y ganaderos andaluces que perderán 500 millones de euros. La nueva PAC provocará que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufran una merma de más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz vea reducidas sus ayudas entre un 30 y un 40%.
Y la fórmula aplicada daña con especial dureza a las hectáreas de secano de la campiña de Sevilla, con pérdidas del 30% de las ayudas del anterior marco, y el olivar, entorno al 25%. Hasta 2027, la provincia puede dejar de recibir 240 millones en total. La interposición del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fue la última para pelar contra un PEPAC que reduce los estratos de ayuda y no tiene en cuenta condiciones agronómicas homogéneas o similares, con lo que provoca una diferenciación artificial y arbitraria de zonas agrarias que acaba discriminando en base a criterios subjetivos.
