La Sala Penal del Tribunal Supremo planteó a finales de julio una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la medida de gracia. Ante una cuestión de inconstitucionalidad, se da voz siempre al Congreso, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía para que puedan personarse o formular alegaciones, tal y como recoge el artículo 37 de la Ley del Tribunal Constitucional. Sin embargo, tal y como ha podido saber LA RAZÓN, la Cámara Baja ha evitado ahora personarse o formular alegaciones para defender la Ley de Amnistía, mientras que el Senado sí ha presentado un extenso escrito en el que recoge las vulneraciones constitucionales de la norma.
Según explican fuentes conocedoras de los entresijos del Congreso, la Cámara Baja ha eludido defender la Amnistía y ha aducido que lo habitual, en este tipo de situaciones, es que solo ofrezcan prestar colaboración con el Tribunal Constitucional aportando los documentos necesarios. De hecho, lo habitual también es que solo aleguen cuando la instancia judicial haya presentado una cuestión de inconstitucionalidad que recoja errores de procedimiento parlamentario. A juicio de los letrados del Congreso, el Supremo no ha invocado errores de procedimiento y, por ello, no han presentado alegaciones.
En cambio, el escrito de los letrados del Senado sí que incorpora hasta 22 páginas que recogen una a una todas las vulneraciones de procedimiento parlamentario que se han suscitado durante la tramitación en el Congreso. Cabe recordar, sin ir más lejos, que el propio Pleno llegó a tumbar la Ley, pero la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, decidió devolver la iniciativa a la Comisión de Justicia para que reviviera pese a que lo reglamentario habría sido que toda la tramitación se iniciase de nuevo.
En concreto, la Sala Penal del Tribunal Supremo, en un duro escrito, presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Amnistía al considerar que vulnera el derecho a la «igualdad ante la ley», así como los principios de «seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad». «No presentamos una duda, en el genuino sentido del término, interesando que la misma pueda ser despejada. Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera, al menos, los preceptos constitucionales que se dirán», recoge el auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que trata el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados por unos hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019, aunque también reconocía que su criterio no resulta «decisivo». «Es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse con eficacia al respecto», añadía.
En todo caso, sí cabe decir que la del Tribunal Constitucional no es la ultima palabra. En un auto reciente, en el que resuelve un recurso contra su decisión de no aplicar la amnistía, ya advierte que de ser contrario el criterio del TC, baraja presentar una cuestión prejudicial ante Europa, que tendría efectos suspensivos sobre la amnistía y tendría preferencia sobre el Tribunal de Garantías.
El plazo para las alegaciones de los órganos constitucionales culminaba hace poco más de una semana y, ahora, según marca la propia Ley del Tribunal Constitucional, hay 15 días para dictar sentencia, salvo que estime necesario estirar al plazo a 30 días, aunque deberá justificarlo. De esta manera, probablemente, la respuesta que dé el Tribunal de Garantías al Tribunal Supremo será el primer pronunciamiento del órgano sobre la amnistía, una ley que ha estado envuelta de polémica por la dudosa legalidad y porque ha nacido de la necesidad de Pedro Sánchez para ser investido con los votos de Junts.
Previsiblemente, el Tribunal Constitucional se pronunciará a favor de avalar la constitucionalidad de la ley ya que hay una mayoría progresista. El PP también ha acabado presentando un recurso de inconstitucionalidad y ahí sí que es previsible también que el Congreso presente alegaciones. Cabe recordar que los letrados del Congreso afines al secretario general Fernando Galindo elaboraron un informe que avalaba la tramitación de la amnistía y esquivaban pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley. Ese ha sido el único informe favorable a la ley durante toda la tramitación, ya que, posteriormente, ha habido tres en contra.
La amnistía ya está aplicándose y ha habido bastantes independentistas beneficiados, pero todavía faltan líderes del «procés», como Carles Puigdemont. En el caso de Puigdemont, el Supremo no tiene intención ni de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de malversación ya que considera que directamente no es aplicable.
