Para el Gobierno, todavía hay margen para subir los impuestos al menos cuatro puntos porcentuales del PIB, lo que significaría que entrarían en las arcas públicas 60.000 millones más de contribuyentes y empresas al margen de plan presupuestario. No es nada nuevo. Ya lo avisó Pedro Sánchez a inicios de septiembre en el acto de apertura del curso , cuando anunció que llevaría a cabo la reforma tributaria que le exige la UE para acceder al quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation.
En la actualidad, trabajadores y empresarios afrontan un esfuerzo fiscal casi un 18% por encima de lo que se ha elevado en la Unión Europea desde la pandemia, con una presión fiscal que se sitúa en el 39%, a solo un punto de la media comunitaria.
¿Y cómo va a lograr esos 60.000 millones? Pues con una reforma que irá encaminada a incrementar la presión impositiva sobre las rentas del capital –tanto las rentas medias como los grandes patrimonios–, acabando con sus exenciones fiscales, gravando a los vehículos más contaminantes, a las energéticas y entidades bancarias para que paguen más –convirtiendo en permanentes los tributos extraordinarios–, eliminando las exenciones autonómicas de Sucesiones y Donaciones, gravando más los productos de lujo o elevando aún más el impuesto de Sociedades.
En este último punto, PSOE y Sumar han puesto su punto de mira en las socimis –las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria– y avanzan en la negociación para cambiar su régimen fiscal y elevar su fiscalidad exponencialmente, como ya hizo con las sicavs –las sociedades de inversión de capital variable– y que provocó que hayan desaparecido el 80% de ellas desde 2021.
Las socimis, que superan el centenar en España, verán cómo sus ventajas tributarias se verán seriamente recortadas si fructifica la negociación de los dos socios de coalición. Estas sociedades, que se generalizaron a partir de 2009 tras estallar la burbuja inmobiliaria, cuentan con un tratamiento fiscal con un tipo del 0% en el Impuesto de Sociedades, pero deben repartir al menos el 80% de sus dividendos entre los accionistas, por los que tributan al 19%. Además, el Gobierno de Sánchez se vio obligado a aprobar que los beneficios no distribuidos tributaran al 15% obligados por las exigencias de Podemos cuando era el socio de coalición, en 2021.
Ahora Sumar ha cogido el testigo y negocia con el grupo socialista que las socimi tributen más que una sociedad cualquiera y elevar el valor nominal del Impuesto de Sociedades hasta el 25%. «No ha lugar a que este negocio tenga este tipo de bonificación, porque además no ha servido para la finalidad con que estaba pensado, que era tener un mercado del alquiler más amplio y profundo», aseguró el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, esta semana a Efe, que advirtió que las socimi «tienen que operar como una empresa más».
Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN confirmaron que las negociaciones «avanzan» y que comparten con su socio de Gobierno que estas sociedades «deben actualizar su situación fiscal», aunque se limitan a afirmar que se mantiene la «discreción en las negociaciones». Pese a ello, la resolución final de su nueva fiscalidad dependerá de si finalmente el Gobierno logra aprobar los Presupuestos Generales de 2025, ya que una reforma de este tipo no puede hacerse vía decreto ley, máxime con la actual debilidad del Ejecutivo en el Congreso.
Las socimis fueron creadas por ley en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para impulsar el mercado del alquiler, aunque no prosperaron hasta cuatro años después, con el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que decidió darlas un impulso cambiando la normativa por una más favorable, lo que propició y consiguió atraer a la llegada de grandes inversores inmobiliarios internacionales, que dinamizaron el sector tras el golpe sufrido por el estallido de la crisis inmobiliaria.
Según datos recogidos en el último informe de la asesoría bursátil Armanetx, su número se ha multiplicado hasta sumar un máximo de 140, aunque el año pasado se contabilizaron 117, de las que cinco cotizaban en el mercado continuo, 75 en el BME Growth, 32 en el índice parisino Euronext Access y cinco en Portfolio, una Bolsa digitalizada de reciente creación, para llevar a España a ser el país europeo con mayor número de este tipo de empresas, con una capitalización total de casi 23.000 millones. Estas sociedades se han convertido en un instrumento que utilizan carteras inmobiliarias de un tamaño en rentabilidad a partir de los 10 millones de euros para canalizar sus inversiones en el sector. En el caso español, la mayoría son familiares pero los inversores internacionales ganan peso y adquieren activos residenciales en zonas de turismo.
