La negociación sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas entre Trabajo, patronal y sindicatos sigue sin llegar a un punto común tras más de nueve meses de reuniones. En un nuevo encuentro celebrado este viernes, el Ministerio de Trabajo extender las bonificaciones a las empresas de hasta 10 trabajadores, que como consecuencia de la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025, conviertan contratos a tiempo parcial en completo. Esta propuesta, incluida en el plan de acompañamiento a las pymes “Pyme 375”, ha vuelto a recibir el no de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que denuncia que las medidas propuestas por el departamento de Yolanda Díaz son cada vez más restrictivas, no servirán para que las pequeñas empresas hagan nuevas contrataciones, ha apuntado el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, y son insuficientes para asegurar la supervivencia de las pymes tras la reducción de la jornada por el incremento de costes, que rondará el 6,2%. De hecho, según la propuesta de Trabajo, sólo 80.000 pymes se acogería a las bonificaciones, el 6,7% de los potenciales beneficiarios (1,2 millones de empresas).
El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que dichas nuevas bonificaciones serán mayores o menores “en función del tiempo de trabajo que se añade”, es decir, de si se aplican a un nuevo contrato indefinido creado o a una ampliación de jornada, de parcial a completa. En concreto, la bonificación a las cotizaciones por contingencias comunes alcanzará a una sola contratación indefinida -a tiempo completo o parcial, siempre que supere el 50% de la jornada- por empresa o autónomo o, alternativamente, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo y se aplicará a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada, con una duración de un año. Además, en caso de nueva contratación, deberá suponer un incremento del empleo neto de la plantilla y tendrá que mantenerse durante tres años. La bonificación que se establezca, cuya cuantía aún se debe fijar con los agentes sociales, se verá incrementada en 55 euros cuando la contratación se realice a mujeres, jóvenes menores de 30 y personas mayores de 55 años, pudiendo acumularse las ayudas.
Encima de la mesa está también la desconexión digital y una mejora del actual registro horario, de forma que sea electrónico, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este cambio requiere de un desarrollo reglamentario, que no ha de pasar por las Cortes, ha dicho, y en el que el Ministerio de Trabajo ya ha comenzado a trabajar creando para ello un grupo de expertos. Preguntado por cuándo entrará en vigor el nuevo registro, Pérez Rey ha afirmado que, por cuestión de tiempos, lo hará cuando esté también vigente la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, aunque los sindicatos instan a que se aplique cuanto antes ya que cada semana hay 6 millones de horas extra, de las que casi la mitad no se abonan, ni cotizan, ni contribuyen a la hacienda pública, ha señalado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.
Pérez Rey ha subrayado que quiere que CEOE “estudie con detenimiento y mimo” todas las propuestas y diga si se necesita alguna medida adicional de apoyo o de estímulo a la pequeña empresa para intentar llegar a un acuerdo. “Bonificar contratos nuevos beneficia a los grandes y no será posible nuevas contrataciones en los pequeños”, ha aseverado Lorenzo Amor, a la vez que ha recalcado que las empresas de uno a dos trabajadores están sufriendo una caída del empleo del 0,4% en tasa interanual y que en la microempresas la creación de empleo se mantiene plano, lo que le está restando peso sobre el total del empleo.
Amor asegura que la reducción de jornada será “la puntilla” para las empresas y autónomos de uno y dos trabajadores, mientras que solo supondrá “un impacto residual” en la gran empresa. Asimismo, desde CEOE siguen criticando que las bonificaciones anunciadas para los contratos indefinidos son solo son “un parche”, ya que debería aplicarse de forma generalizada al 90% del tejido empresarial que engloban las pequeñas y medianas empresas. Además, la patronal exige al Gobierno que deje de forzar a los empresarios a pagar 12 días de vacaciones adicionales.
Díaz quiere llegar a un pacto tripartito con la patronal y los sindicatos, pero también ha advertido de que la reducción de la jornada laboral se aprobará como “anteproyecto de ley en trámite de urgencia”, para cumplir con los plazos establecidos para que “a 31 de diciembre de 2025 la jornada laboral sea de 37,5 horas semanales”, pudiendo llevar a cabo la reforma sin el apoyo de los empresarios en caso de no acuerdo. Los sindicatos se inclinan también hacia un pacto que excluya a la patronal si las negociaciones no avanzan.
La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Maricruz Vicente, ha asegurado que sigue sin haber ningún avance y que los empresarios mantienen su pretensión de que las reducciones del tiempo de trabajo se sigan pactando en los convenios colectivos, sin una rebaja general de la jornada máxima legal establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Vicente cree que sólo hay margen para una reunión más. A su juicio, si en la siguiente reunión la patronal mantiene su negativa a que se recorte por ley la jornada semanal, la negociación tendría que darse por agotada y el Gobierno debería asumir la iniciativa legislativa no solo sobre la jornada, sino también respecto al control horario y a la desconexión digital.
