El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado esta mañana que el Gobierno gallego va a rescatar cuatro autovías gallegas -AG-41 de O Salnés, AG-11 de Barbanza, AG-31 de Ourense-Celanova y AG-56 de Santiago-Brión-, por las que ahora se paga un peaje en sombra, lo que tendrá un coste total de 297 millones de euros.
Esta medida en materia de infraestructuras “permitirá un ahorro de más de 30 millones de euros al año para las arcas públicas gallegas, que podrán destinarse a otras cuestiones como la vivienda”, ha detallado el titular del Ejecutivo gallego.
En este sentido, la operación prevé un ahorro de más de 330 millones de euros en peajes en sombra y mantenimiento hasta el final de las concesiones. De este modo, el Gobierno gallego, descontada la mencionada inversión de casi 300 millones, cuenta con obtener una ganancia de 30 millones de euros adicionales para las arcas públicas.
En este contexto, Rueda ha explicado que esta decisión se enmarca dentro de una estrategia “coherente” con las políticas de infraestructuras desarrolladas por la Xunta en los últimos años, que incluye la construcción de más de 220 kilómetros de vías de altas prestaciones libres de peaje, garantizando que ocho de cada diez gallegos tengan acceso a una de estas vías a menos de 15 minutos de sus hogares, así como la congelación de los peajes en las autopistas A Coruña-Carballo y del Val Miñor.
El presidente gallego ha estado acompañado durante su intervención de la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, quien ha señalado que con esta decisión se da un paso más hacia una red de infraestructuras cada vez más extensa y económica para los ciudadanos.
1.400 kilómetros
“Galicia cuenta hoy con más de 1.400 kilómetros de vías de altas prestaciones, diez veces más que hace 30 años”, ha afirmado, destacando que en 2025 se seguirá avanzando en ejes como lo de Tui-A Guarda, Nadela-Sarria y Santiago-A Estrada.
La conselleira también ha querido agradecer a las concesionarias de estas vías su colaboración y compromiso, subrayando su esfuerzo inversor en momentos de dificultad económica y su disposición para llegar a un acuerdo favorable para el rescate de las infraestructuras.
“Esta operación permitirá que las cuatro autopistas pasen a ser autovías de propiedad pública, gestionadas directamente por la Xunta de Galicia, con una administración responsable y comprometida con la calidad del servicio”, ha añadido.
En este marco, Martínez Allegue ha vuelto a insistir en la necesidad de que “también las autopistas de gestión estatal, la AP-9 y la autopista que une Santiago con Lalín, dejen de estar entre las más caras de España” y su titularidad y centro de decisión pase a estar en Galicia.
