Dos acusaciones populares del “caso Koldo”, Iustitia Europa y Hazte Oír, han pedido este lunes a la Audiencia Nacional que impute en la causa a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y al diputado José Luis Ábalos, por su relación con la supuesta trama de cobro comisiones ilegales.
Baleares, cuando Armengol era su presidenta autonómica, encargó la suministración de pruebas PCR a la empresa Megalab y apuntan a que Koldo habría “influido en la concesión” actuando como “intermediario” de estos contratos favoreciendo que fuera para esta compañía.
Apoyan esta tesis en las comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) entre Armengol y Koldo en los que esta le pasa por Whatsapp el contacto de su entonces consejera de Salud en el Gobierno balear, Patricia Gómez Picard, a la que también reclaman imputar. A lo que Koldo responde con llamándola “cariño” y afirmando que la mantendría informada.
La adjudicación se habría hecho, según estas acusaciones, “mediante procedimientos sin publicidad” en contra de los principios de transparencia y libre concurrencia que establece la ley para la contratación en el sector público.
Por otro lado, han presentado ante el magistrado que lo instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, la solicitud de citar como investigado en base a las recientes investigaciones de la UCO en las que -aseguran- se identifica al exministro Ábalos como uno de los actores principales en el encargo de este material sanitario a la empresa de la presunta trama de “mordidas” de dinero público que lideraba, según la UCO de la Guardia Civil, Víctor de Aldama.
Piden, de igual forma, que se proceda a la apertura de una pieza separada para investigar la ayuda pública de más de 400 millones de dinero público que se concedió a Air Europa para evitar su quiebra por las restricciones mundiales de movilidad que impuso la Covid.
Particularmente, señalan en el escrito que en el rescate a la aerolínea de Globalia “la intervención de Aldama se ha evidenciado a través de los dispositivos electrónicos intervenidos” y dada la existencia “de otros muchos actores cuyo rol debería sustanciarse en una investigación más pormenorizada de estos hechos”.
Unos “indicios racionales” -apuntan- a la comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, asociación ilícita y corrupción en la contratación pública por parte de Aldama, Ábalos, Koldo y otros “altos cargos gubernamentales” que participaron en su concesión que culminó en noviembre de 2020, como fue el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro.
Estas medidas se unen a las solicitadas el viernes pasado, entre las que destaca la testifical de Pedro Sánchez y todo ello tras conocerse la posible implicación de altos cargos gubernamentales en tramas de corrupción, tráfico de influencias, organización criminal, corrupción, malversación de fondos públicos y revelación de secretos.
