A Pedro Sánchez se le acumulan los frentes. El Gobierno en plena vorágine del «caso Koldo» ve como el frente social, en el que puede presumir de gestión, también está en pie de guerra. Las movilizaciones de este fin de semana clamando por la aspiración constitucional de tener una vivienda digna son un torpedo a la línea de flotación de la que el presidente calificó como «la legislatura de la vivienda». Pese a ubicarlo como una prioridad y a crear un ministerio específico, las respuestas que el Ejecutivo está dando a esta problemática son insuficientes y así se lo hicieron saber en las calles los españoles, que pidieron incluso la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Para tratar de aplacar el malestar, desviar la atención de otras polémicas y tratar de trasladar una sensación de proactividad ejecutiva, Sánchez anunció hoy el «reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler», así como el impulso de un «nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada».
En su intervención en la jornada inaugural del «World in Progress Barcelona», Sánchez se hizo eco de la multitudinaria manifestación del domingo para exigir rebajas en los precios del alquiler: «El Gobierno la escucha con atención y comparte su demanda», aseguró. «Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos», recalcó Sánchez, que reconoció que «la situación es difícil», porque «los precios de los pisos no han parado de subir y la oferta es escasa». Hay que reaccionar «con contundencia», dijo el presidente, porque de lo contrario la sociedad española «acabará dividida» en dos clases: «No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres», aseguró.
Sin embargo, pese a que hoy se vaya a aprobar por el Consejo de Ministros, el anuncio no es nuevo. No se trata de ninguna mejora adicional a las cantidades que se vienen destinando anualmente al Bono de Alquiler Joven desde que se aprobara el programa en 2022. Ni supone tampoco ninguna novedad sobre el acuerdo al que llegaron el pasado 3 de octubre las comunidades autónomas por unanimidad y el Ministerio de Vivienda, que ya ratificaron el reparto de los 200 millones de este ejercicio. Este hecho no ha pasado inadvertido para el principal partido de la oposición, que aprovechó ayer para cargar contra Sánchez. «Para variar es un reanuncio», respondieron. Con todo, el PP recriminó a Sánchez que su «gran anuncio de hoy» no sea «de hoy», y achacaron esta propuesta «reciclada» a la intención del Gobierno de levantar una «cortina de humo» para tapar su presunta corrupción.
Sin embargo, desde el Gobierno miran al PP, que ostenta la mayor parte del poder autonómico, que es donde están residenciadas las competencias en política de vivienda. «Necesitamos que todas las Administraciones arrimen el hombro y, para empezar, que apliquen la Ley de Vivienda porque es una buena ley que ofrece herramientas muy útiles a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ahí están los datos donde se ha implementado», añadió Sánchez en una clara referencia a Cataluña, donde la Generalitat asegura que la limitación del precio del alquiler en las zonas tensionadas «ya tiene un impacto». Sánchez volvió a situar la vivienda como «prioridad absoluta» del Gobierno y reafirmó su compromiso «para que España sea al final de la legislatura, en 2027, un país mejor» que cuando accedió al poder en 2018.
