Dignidad y Justicia (DyJ) ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el archivo de la prescripción de las responsabilidades penales para la antigua cúpula de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.
La asociación civil, presente como acusación popular en la causa, ha llevado un escrito ante la Sala de lo Penal para que Miguel Albisu Iriarte, conocido como “Mikel Antza”, e Ignacio de Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, no logren el archivo de la causa por esta razón temporal y procesal.
DyJ defiende que la resolución que ordenó el sobreseimiento libre de las actuaciones no se ajusta a Derecho y supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por ello, presenta recurso casación por infracción de ley al haber aplicado el TS “indebidamente los mencionados artículos al no apreciar la concurrencia de actos procesales con capacidad y eficacia interruptiva de la prescripción” de los plazos para “Antza” y “Rentería”.
Insisten, como hicieron durante la causa, en que los hechos no estaban prescritos cuando se aprobó la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte y esa norma tendría que ser aplicada en este caso.
