La acogida de inmigrantes en la Península vuelve a generar un roce entre administraciones. Esta vez, ha sido el Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, el que ha acusado al Gobierno central de “oscurantismo” al enterarse de que el Ministerio de Migraciones estudia instalar barracones en el aeropuerto de Ciudad Real, un aeródromo privado ubicado a unos 20 kilómetros de la capital, para albergar a inmigrantes adultos llegados de forma irregular a las costas españolas. La consejera de Bienestar Social de la región esgrime que no se trata de una cuestión de “falta de solidaridad”, sino de que no han sido informados y de que las condiciones de acogida distan de ser las adecuadas. “La población más cercana y, por tanto, los servicios, se encuentra a 12 kilómetros”, señala Bárbara García Torijano, que acusa al Gobierno central de mantener “negociaciones a espaldas” del autonómico y transmite su “decepción” con el Ejecutivo.
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