David Lozano, encargado del restaurante La Castellana, en el centro de Granada, recibió una llamada el último domingo de septiembre. Al otro lado del teléfono, Javier P. I. le comunicaba tajante: “Mañana no vengáis a trabajar porque estáis cerrados”. Javier P. I., es el responsable en Granada, Málaga y Madrid de algunas de las empresas que Álvaro Romillo, alias Luis Criptospain, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto criptofraude, y su círculo más cercano habían puesto en marcha en esas ciudades. Se trata de una red de restaurantes, bares, hoteles y espacios para conciertos que desplegada sobre todo a partir de la segunda mitad de 2023. Poco pudo replicar en aquella llamada de cierre, quien desde entonces ha vivido, junto a sus compañeros, una situación inaudita. Abandonados por sus jefes pero sin cartas de despido, y a pesar de que los suministros también dejaron de llegar, los 12 trabajadores de La Castellana decidieron seguir abriendo el establecimiento a diario. Al principio todavía quedaba algo que ofrecer a los clientes, cuatro días después, solo podían servir agua.
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