La Audiencia de Sevilla prevé celebrar este martes y el miércoles el juicio promovido contra el exalcalde socialista de Valencina de la Concepción Antonio Manuel Suárez, por dos presuntos delitos de prevaricación omisiva a cuenta de su supuesta “permisividad” ante una nave levantada ilegalmente en suelos donde estaba prohibida su construcción y posteriormente usada como restaurante asador “sin licencia urbanística ni de actividad”.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que todo gira en torno a la construcción de una nave de ladrillo en un terreno de Valencina calificado como suelo no urbanizable de especial protección, que además figuraba en las casi 780 hectáreas de los términos municipales de esta localidad y de Castilleja de Guzmán, protegidas como Zona Arqueológica, a cuenta de los múltiples vestigios prehistóricos localizados en esta zona de la comarca del Aljarafe.
Las obras, promovidas por el hermano de un varón que fuera edil del Consistorio entre 2004 y 2011, comenzaron antes de que el inculpado desembarcase en 2007 en la Alcaldía de Valencina, año en el que el Ayuntamiento declaró ilegalizables los trabajos y denegó toda licencia urbanística.
Según la Fiscalía, el responsable de tales obras “continuó con el proceso constructivo siendo ya alcalde el acusado”, al que atribuye dos resoluciones de Alcaldía de julio de 2012, declarando que el promotor de las obras y hermano de un exedil había “cumplido las obligaciones de restauración” del suelo en el marco de un expediente de reposición de la legalidad de 2008 y “permitiendo que la nave ilegal se mantuviese como nave de aperos”.
CONVERTIDO EN RESTAURANTE ASADOR
Pero según el Ministerio Público, el responsable de la nave no habría “asumido el destino agrícola, ya que agentes de la Policía Local pudieron comprobar el 3 de junio de 2013 que el edificio se utilizaba como restaurante asador”, lo que corroboraron en “inspecciones posteriores de julio y agosto”, tras las cuales “comunicaron a la Alcaldía que había gran afluencia de personas y vehículos” a la citada nave.
“La actividad de restauración y ocio era incompatible con el tipo de suelo, lo que ya conocía el Equipo municipal” de gobierno, señala la Fiscalía, exponiendo que en 2013 el Ayuntamiento dictó “una orden de suspensión” de la actividad y otra “de precinto”, que no pudieron ser materializadas “porque el titular no permitió a la Policía el acceso, circunstancia comunicada al alcalde, quien en agosto de 2013 requirió al servicio jurídico que solicitara una orden de precinto judicial, que no tuvo ulterior desarrollo”.
Es más, según la Fiscalía, en septiembre de 2013, la Policía Local comunicó al alcalde “que se estaban llevando a cabo nuevas obras de construcción” en la nave.
LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE ANTE LA FISCALÍA
Estos trabajos, según la Fiscalía, motivaron una actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente, que solicitó información al alcalde, quien siempre presuntamente, allá por diciembre de 2013 comunicó al fiscal “que las únicas obras de las que tenía conocimiento eran las que habían dado lugar al expediente de 2008, finalizado con la presunta reposición del suelo”, con lo que el primer edil “silenció todo lo relativo a la nueva denuncia recibida, lo que derivó en el archivo de las diligencias preprocesales”.
Posteriormente, según la Fiscalía, el entonces alcalde “dictó resolución en enero de 2014 en la que requería informe sobre las actuaciones efectuadas sin licencia y otra en marzo donde ordenaba la suspensión de las obras e imponía una multa de 600 euros, si bien ninguna orden dirigida a la Policía Local se dictó a tal efecto”, con lo que “las obras se finalizaron y el complejo continuó de forma ininterrumpida su actividad, sin licencia urbanística ni de actividad”.
Pese a todo, según la acusación pública, el entonces alcalde no llegó a materializar “ningún precinto”, dando cuenta de que el asunto incluso fue abordado varias veces en el pleno y que Suárez era “perfecto conocedor de la actividad desarrollada desde 2008” en la citada nave ilegal.
La Fiscalía pide así para Antonio Manuel Suárez dos años de prisión por dos delitos de prevaricación omisiva por su “permisividad” ante tales hechos y una multa de 3.600 euros.
A comienzos de marzo de 2023, recordémoslo, Antonio Manuel Suárez anunciaba que no repetiría como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de aquel año, alegando motivos de salud y asegurando que su decisión no tenía “nada que ver” con la decisión previa de abrir juicio en su contra por estos presuntos hechos.
