La batalla jurídica acaba de empezar, y todo indica que será muy larga. El auto del Tribunal Supremo en el que deja la ley de amnistía en papel mojado con una interpretación de la malversación que deja fuera del perdón a los líderes del procés, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha recibido críticas muy duras de varios aliados del Gobierno. El Ejecutivo, con más cautela, también ha insinuado que el Supremo está interpretando mal la ley mientras otros tribunales están amnistiando a otros procesados por los mismos delitos. Pero la verdadera batalla, aunque tenga evidentes consecuencias políticas, es jurídica. Y en estos días va a empezar a darse en el propio Supremo: fuentes jurídicas dan por seguro que la Fiscalía y la Abogacía del Estado preparan ya sendos recursos contra la decisión del alto tribunal con argumentos jurídicos de fondo que también estaban en el voto particular de Ana Ferrer, magistrada de la sala de Lo Penal. Ella recordó en su análisis que la propia doctrina de la sala en el caso del procés contradice absolutamente la decisión de considerar que sí hubo enriquecimiento porque se ahorraron el dinero que tendrían que haber gastado de su bolsillo para hacer el referéndum, una interpretación inédita que está recibiendo fuertes críticas no solo en la política sino también en sectores de la justicia. Los recursos aún no han sido presentados pero se están preparando, según estas fuentes.
Abogacía del Estado y Fiscalía inician la batalla jurídica en el Supremo para que se aplique la amnistía
