La Audiencia de Almería ha absuelto a un guardia civil que se enfrentaba a una multa de 6.480 euros por un delito de descubrimiento de información de funcionario y a cinco años de cárcel por otro de cohecho, al estar acusado de informar a un grupo de narcotraficantes de hachís, lo que no ha quedado acreditado.
La sentencia declara probado que los ciudadanos rumanos I.L.A. y A.I.S., junto a los españoles M.D.S.L., P.H.F., S.C.G. y A.M.B., además de otra persona que no ha podido ser juzgada al estar pendiente su extradición desde Marruecos y otros cómplices no identificados, se concertaron antes de octubre de 2020 para introducir en España grandes cantidades de hachís para su posterior venta a terceros.
Esta droga era adquirida a proveedores en el norte de África y posteriormente trasladada a un punto en alta mar, dónde era recogida por los acusados en embarcaciones para desembarcarla en Roquetas de Mar (Almería).
Según la sentencia, el hombre pendiente de extradición era el que dirigía las operaciones y gestionaba los “pormenores” relacionados con la adquisición de la droga, así como de su transporte posterior y la custodia y distribución de la misma.
I.L.A. era la titular de la embarcación ‘Mara Izabela’, que fue patroneada el 21 de octubre de 2020 por M.D.S.L. y P.H.F. para realizar uno de estos portes, mientras que A.I.S. se ocupaba de las labores de desembarco de las mercancías, e I.L.A. del control y vigilancia para no ser interceptados por las fuerzas policiales.
El fallo concreta que esta nave sufrió una avería mientras navegaba, por lo que I.L.A. alertó a Salvamento Marítimo, que remolcó la embarcación hasta el puerto de la barriada roquetera de Aguadulce, donde desembarcaron M.D.S.L.
En la misma, las fuerzas policiales encontraron 18 garrafas de combustible, un teléfono por satélite y 41 fardos de hachís con un peso aproximado de unos 30 kilos cada uno, lo que supone un total de 1.175,33458 kilos, con un valor de 6.487.876,49 euros.
Por otro lado, A.M.B. era el dueño de la embarcación ‘Gaviota’, en la que realizó otro de estos transportes el 15 de febrero de 2021 junto a S.C.G. y otra persona no juzgada, además de una que no ha sido identificada.
Sobre las 23:30 horas de dicho día atracaron en el puerto de Aguadulce, donde descargaron dos fardos con un peso de unos 30 kilos cada uno, aunque A.M.B., S.C.G. y el otro participante no juzgado fueron detenidos entonces.
Los agentes encontraron además una mochila con 66 paquetes de sustancia marrón con un peso 6,6 kg aprox, y 2 dispositivos GPS. El hachís pesó un total de 65.372,292 gramos, valorados en 588.354,21 euros.
Respecto al guardia civil acusado, señala que éste era amigo de la persona pendiente de extradición, y que la acusada I.L.A. habría pedido a este último información sobre un vehículo para asegurarse de que no pertenecía al instituto armado.
Dicha persona solicitó esta información al guardia, que habría indicado que pertenecía a una mujer de Roquetas de Mar. Tras esto, el agente habría efectuado varias consultas relacionadas con este procedimiento sin “interés profesional que lo justifique”, aunque para los magistrados no ha quedado acreditado que se concertara con su amigo para “proporcionarle información acerca de las investigaciones policiales”.
Por estos hechos, los participantes en el primer desembarco han sido condenados a penas de cinco años y medio de prisión, así como al pago de multas por 14 millones de euros. Los responsables del segundo porte han sido condenados a cuatro años y medio de prisión y al pago de multas por un total de 2,2 millones de euros.
