Tanta expectación ante la presentación del plan de Sánchez para nada. Había anunciado que contaría el famosos plan, pero, en realidad, solo ha dicho que hay un plan. Poco más. Más de 5 horas de pleno para no decir nada nuevo y no exponer más que una medida concreta (la inversión de cien millones de euros de los fondos europeos para digitalización, seguridad, etc… de los medios). Todo lo demás: humo.
Como ya esperábamos, ha utilizado el Reglamento europeo de libertad de medios (EMFA) como excusa para poner en marcha su plan de regeneración democrática y ha repetido como un mantra los objetivos principales de su plan: transparencia, independencia editorial y favorecer la pluralidad de medios. Objetivos que, por otro lado, vienen impuestos por el EMFA. Estos objetivos, como él mismo ha dicho, son cosas de sentido común. Todos ellos son valores esenciales e imprescindibles en una democracia consolidada. Lo que no sabemos, que es lo que nos preocupa y esperábamos saber tras su comparecencia, es cómo piensa hacerlos efectivos.
La preceptiva transparencia, como recoge el Reglamento y ha recalcado el presidente, se refiere a la titularidad de los medios, a la medición de las audiencias y al reparto de la publicidad institucional, (algo, esto último, que le ha parecido revolucionario, cuando es algo que viene exigido por nuestra ley de transparencia desde 2013, dado que se trata de dinero público, aunque parece que no se ha cumplido). Es evidente que constituye un elemento esencial en toda democracia, por lo que considero que el plan de nuestro Gobierno debería ir más allá (ya que se empeña en legislar). Así, debería completarse con que (además de hacer un reparto equitativo –y publicitado– de la publicidad institucional) se diera cuenta de otras acciones que inciden directamente en el derecho a la información (y por ende en la democracia) y que muchas veces se pasan por alto a pesar de que se utilizan para beneficiar a algunos medios afines y perjudicar a otros más críticos (información más temprana, entrevistas y visitas solo a algunos medios, invitación –o veto– a viajes oficiales, prohibición de entrada o negación de respuestas a ciertos medios –o periodistas– en ruedas de prensa, etc…). El dinero público es importante para los medios, pero la información pública, también.
Se ha hecho referencia, además, a la necesidad de luchar contra la desinformación y los bulos y de castigar a los pseudomedios que no respeten los códigos deontológicos. Nada que decir a esto excepto que debemos estar vigilantes respecto a quién decide qué es y qué no es un pseudomedio, qué es y qué no es verdad, qué es o qué no es mentira. Debemos estar atentos, pues de la definición de conceptos como estos u otros (interés público, objetividad, desinformación, bulo, etc,) pueden devenir acciones (incluso legales) que afecten directamente a la libertad de prensa. Quién debe definirlo está por ver, pero en ningún caso debe hacerlo el Gobierno y, evidentemente, debe hacerse con el consenso y con el consejo de todas las partes implicadas (aparentemente excluidas del proceso por el momento): asociaciones de la prensa, medios de comunicación, académicos y sociedad civil.
Al hablar sobre la desinformación acierta, no obstante, en algo: La legislación no será suficiente para luchar contra este fenómeno. Habrá que acudir a la autorregulación, a la corregulación y a la alfabetización mediática que, si bien no es objeto de este plan, ya se anunció en junio que se implantaría como enseñanza transversal obligatoria en los colegios. Y habrá de advertirse que la desinformación no tiene color, ideología ni género y que, además, en muchas ocasiones proviene de las propias instituciones y de los que ostenta el poder. Por ejemplo, en una misma mañana, el Gobierno (Yolanda Díaz) anunciaba el acuerdo para derogar la que llaman «ley mordaza» para, al rato, anunciar ese mismo Gobierno (sección PSOE) que solo se iba a reforma mínimamente. ¿Desinformación? ¿Bulo? ¿Error? Quizás nos sorprendan con medias contra la desinformación institucional (nótese la ironía).
Como aportación propia ha vuelto a anunciar la reforma de las leyes que regulan el honor, la intimidad y la propia imagen y el derecho de rectificación, si bien tampoco esta vez ha especificado en qué consistirán esas reformas. Por mucho que se reforme el honor, no podrá variar la fórmula que garantiza la prevalencia de la libertad de información cuando la noticia sea veraz y de interés público (máxime si afecta a personas públicas o a dinero público). En este punto, me preocupa que se pretenda controlar a los periodistas y a los medios incorporado multas, indemnizaciones o sanciones desproporcionadas y exageradas con el fin de acallarlos o de que se autocensuren (como ya ocurre en algunos países de nuestro entorno como Italia, por ejemplo).
Tenemos que estar atentos porque se repite como un mantra que hay que legislar para aplicar el Reglamento europeo y, una vez, más, hemos de recordar que no es así. El Reglamento es de aplicación directa, por lo que no es necesario dictar ninguna ley. Imagino que lo saben, por eso es tan sorprendente (y sospechoso) que se insista en la necesidad imperiosa de hacerlo. Por eso hemos de estar vigilantes.
Isabel Serrano Maillo es profesora titular de Derecho a la Información de la UCM.
