Uno de los principales problemas de las empresas es el exceso de burocracia que tienen que soportar así como las incomodidades de muchos procedimientos que se solapan en varias legislaciones (la local, regional y estatal), que les hace perder productividad.
De hecho, un informe de la patronal CEOE antes de la pandemia revelaba que a los empresarios les costaba más de 4.500 millones de euros tener que cumplir con dichas normativas diferentes sobre un mismo ámbito.
Así, y en virtud del principio de «Una por otra» o «Solo una vez los mismos datos y documentos», la Junta se ha marcado como objetivo que la Administración no añada o acumule nuevas cargas, por lo que en caso de que sea necesario establecer una nueva en un determinado sector, se compensaría eliminando otra u otras con la misma o superior valoración.
El Gobierno regional firmaba este lunes un acuerdo con la patronal CEOE, las Cámaras de Comercio, y los secretarios municipales, interventores y tesoreros, en el que se comprometen a simplificar los trámites administrativos. Además, fomentarán el uso del lenguaje sencillo en la Administración autonómica, con el reto de mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de sus procesos internos.
Mesas de trabajo
«Este acuerdo es un avance en la mejora de la vida de los castellanos y leoneses, en el impulso de la actividad económica, y en la optimización del funcionamiento interno de esta Administración», destacaba el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien avanzaba la creación de mesas de trabajo que se reunirán cada tres meses para analizar y aprobar propuestas que se puedan incorporar a la legislación. Asimismo, el acuerdo permite que cualquier persona aportar sugerencias a través del correo electrónico simplifica@jcyl.es.
El presidente del Consejo Regional de Cámaras, Antonio Miguel Méndez Pozo, aseguraba que «echaran una mano» en la reducción de cargas y trasladaba hasta 30 propuestas que han elaborado. Entre ellas, acabar con las contradicciones en los datos de distintas declaraciones anuales del sector agroganadero o fijar criterios entre provincias sobre la documentación en el transporte. «Hay que evitar el vuelva usted mañana», añadía.
Santiago Aparicio, de la CEOE, hacía hincapié en que no se puede obligar a las empresas a leer un libro de 255 páginas cada día, y Raúl Elvira Fernández, del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros, ponía el foco en que su gremio es «testigo y sufridor» de las numerosas trabas que dificultan su labor.
