El consejero delegado de Altri, José Soares de Pina, ha señalado este lunes que el proyecto de fábrica de fibras textiles de Palas (Lugo) debe contar con “confianza jurídica”, con una tramitación ambiental aprobada y “la parte de financiación concluida”, para lo cual se marca como horizonte que “hasta el final de año se puede tomar una decisión”.
“Si se prorroga mucho más tiempo, en algún momento tendremos que tomar nuestras decisiones también”, explica.
En rueda de prensa en Santiago, que ha comenzado con un vídeo promocional en el que se informa de que el proyecto no supondrá nuevas plantaciones de eucaliptos, el consejero delegado de Altri ha reducido a “desinformación” que se hable de contaminación de la fábrica y ha arremetido contra la “alerta” de que esta fábrica “va a ser el fin del mundo”.
“Nosotros no hacemos inversiones y nuestros inversores no hacen inversiones en espacios donde las comunidades donde nos integramos no quieren estas instalaciones”, ha dejado claro a preguntas de los medios en relación con la oposición vecinal que ha provocado la planta, con una manifestación en Palas de más de 20.000 personas. Y es que asegura que los lugares en los que están asentados actualmente tienen “integración total con las comunidades” y “relaciones excelentes”.
En relación con las 23.000 alegaciones recibidas, Soares de Pina ha expresado que “no es sorprendente” porque en este tipo de proyectos “siempre hay opiniones diversas”, aunque ahora el proceso “tomará un poco más de tiempo” para hacerlo “con cuidado y transparencia”. Eso sí, el CEO de Altri se ha quejado de que “hay mucha desinformación” y cuestiones en las alegaciones que “no son correctas”.
Así, ha sostenido que no está de acuerdo con la afirmación de que “nadie” quiere a Altri en A Ulloa, por lo que van a continuar con su trabajo de “clarificar información que se ha divulgado que no es correcta”. “No hacemos proyectos donde no se incorporen comunidades”, ha incidido.
80 millones para tratamiento de aguas y vertidos
Uno de los aspectos que ha levantado más polémica ha sido el consumo de agua que requiere la instalación, sobre lo que la compañía indica que será “referente mundial” y se usarán 15 metros cúbicos de agua por tonelada, según dice, cuando la media del sector es de 30 metros cúbicos por tonelada.
Detalla que el caudal del río Ulla tendrá una merma inferior al 1% durante nueve meses al año, entre 1% y 2% en junio y julio, así como del 2% en agosto y septiembre.
Asegura que se van a respetar los límites marcados medioambientalmente, que incluye una modificación de hasta tres grados en la temperatura del río Ulla (con un límite de 27 grados), según la normativa. Dice que la temperatura final que se va a alcanzar “no está finalizada”.
En este sentido, resalta que los requisitos de la normativa ambiental “son más exigentes que los europeos”.
El agua se devolverá al río depurada, por lo que “no va modificar su medio natural” y descarta afectación en la ría de Arousa. Estima una inversión de 80 millones para el tratamiento de aguas y vertidos, que utilizará una técnica de filtración por membranas. En caso de vertido, está contempladas balsas de emergencia y se pararía la planta.
En lo tocante a las emisiones, cuestionado sobre estudios que hablan de 100.000 toneladas de dióxido de carbono, Altri expone que se emitirá dióxido de carbono (CO2) “biogénico”, sin generación por consumo de combustibles fósiles. No ha cuantificado el dato global que supondrá, si bien asegura que generará 0,1 toneladas de CO2 por cada tonelada de lyocell producida, “50 veces menos” que en la producción de algodón y “120 veces menos” que en el poliéster.
Soares ha hecho hincapié en que la compañía no ha recibido “ninguna sanción” por contaminación por parte de las autoridades portuguesas.
Además, el director de proyecto GAMA, Bruno Dapena, ha garantizado que “no va a haber ninguna afección” al Camino de Santiago al discurrir a tres kilómetros al norte, con la puesta en marcha de una acceso desde la autovía a final de año con la apertura del tramo entre Palas y Melide.
Un 25% de fondos públicos
Si bien José Soares de Pina ha remarcado que Altri “es una empresa muy solvente” y “no está en riesgo el proyecto”, ha indicado que el 25% de los 1.000 millones de inversión deben proceder de fondos públicos.
Sobre este extremo, ha valorado que hay un diálogo “muy fluido” con las administraciones estatal y autonómica, y ha apuntado que con la Xunta se está abordando la financiación a través de fondos regionales para el incentivo de localización de industrias, mientras que la negociación con el Gobierno central “requiere un proceso”.
La voluntad “de todas las partes es muy positiva”.
Ha explicado que, dada la “complejidad” del proyecto, existe una “dificultad” para entrar en la configuración de los Pertes, por lo que se discute la “forma adecuada” con el Gobierno para acceder a una ayuda directa como ocurre en grandes proyectos con base en fondos ‘Next Generation’, para lo cual es preciso una previa autorización de la UE.
Otros mil millones
La fábrica tendrá una capacidad de producción de 400.000 toneladas de fibras solubles de base celulósica a partir de madera de eucalipto y de 200.000 toneladas de lyocel (fibra textil producida con estas fibras solubles que pretende ser un sustituto del algodón). Altri estima que supondrá 500 empleos directos y 2.000 indirectos en una previsión “conservadora”, con un pico de más de 4.000 trabajadores durante la construcción.
Soares ha expuesto que la compañía prevé una segunda fase del proyecto en el que se invertiría 1.000 millones adicionales, que supondría más equipos y modificaciones dentro de la fábrica, con una planta piloto de reciclaje de residuos textiles, pero “para hacerlo hay que tener proceso un productivo estable de fibras solubles”.
Ha garantizado que este es un desembarco para los próximos 50 años.
“No es un proyecto portugués en Galicia, es un proyecto gallego”, ha dicho el consejero ejecutivo de Altri, Carlos van Zeller.
“Si no se hace en Galicia, dónde se va a hacer”, se ha preguntado Soares, que ha contrapuesto esta opción con una industria que produce en Brasil y se envía a otros países como Tailandia o China para acabar finalmente en España. “Esto que me digan que es sostenible”, ha reflexionado acerca de “consumir prendas que hacen turismo industrial”.
Preguntado por qué se descartó As Pontes y se eligió Palas, Soares ha relatado que el municipio coruñés cuenta con un lago “contaminado” por operaciones mineras “durante mucho tiempo” y no querían “añadir una carga adicional”, además de por motivos de orografía y acceso a materia prima.
