De las 395 actuaciones de retirada de amianto de los centros educativos públicos programadas por la Junta de Andalucía, se han concluido 366 (92%) con una inversión de 24 millones de euros. Es decir, aún hay 29 centros con este material dañino para la salud en sus infraestructuras.
En una respuesta parlamentaria, firmada por la exconsejera de Educación Patricia del Pozo –ahora en el área de Cultura y Deporte– se explica que en julio de 2016, durante mandato socialista–, el Consejo de Gobierno aprobó la planificación para la «retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas», incluyendo «todos los edificios, tanto de titularidad municipal como los de la comunidad autónoma. Desde la aprobación de esta planificación, la Agencia Pública Andaluza de Educación registró todas las necesidades a través de visitas técnicas, comunicaciones de ayuntamientos o de los propios centros educativos. Todas estas actuaciones han sido programadas anualmente para su ejecución progresiva. Sin embargo, la Junta explica que a pesar de que el marco temporal finalizaba en 2022, «han ido apareciendo nuevas necesidades de actuación que, dada la incompatibilidad de la práctica docente con la realización de los trabajos necesarios para la eliminación del amianto han hecho que, en la actualidad, se esté trabajando aún en la ejecución de algunas de las intervenciones».
