Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, comparece hoy, 5 de julio, ante el juez Juan Carlos Peinado, que lleva tiempo investigando sus actividades profesionales por si se comprobara que había cometido un delito de corrupción y tráfico de influencias. Mientras eso no se demuestre, es una mujer inocente, como asegura su marido con vehemencia. Pero el hecho de que tenga que dar cuenta de sus actos a la Justicia ha despertado una extraordinaria expectación. Entre otras razones porque es la primera vez que la esposa de un presidente del Gobierno pasa por semejante trance. Sucede además en un momento de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por la aplicación de la amnistía a los golpistas catalanes y por el enfrentamiento del Tribunal Constitucional, en manos del servicial Conde-Pumpido, y el Tribunal Supremo a propósito de los ERE de Andalucía. El recelo mutuo entre el Gobierno de Sánchez y la mayor parte de los jueces es clamoroso.
En este ambiente viciado se presenta la mujer del presidente ante el juez, exigiendo, por su relevancia personal, una serie de requisitos, como que no se grabe su imagen en la comparecencia, cosa que no evitó, por ejemplo, la Infanta Cristina en su día. Begoña Gómez quiere evitar la pena del telediario y pretende entrar en el Juzgado como a escondidas. Es comprensible, aunque la relevancia personal debería obligar a mayor trasparencia y ejemplaridad que las que se exigen al común de los mortales. Si tan segura está de su inocencia, como dice su marido, no debería tener inconveniente en dar la cara. Si no, deja la impresión de que tiene algo que ocultar y de que la Justicia es sólo «casi igual» para todos.
El hecho de que su abogado defensor sea el ex ministro socialista Antonio Camacho confirma que estamos ante un caso singular, de evidente proyección política, que somete al juez Peinado a una presión especial. Con independencia de la decisión sobre el resultado penal o no de la instrucción, el «caso Begoña Gómez» tiene una evidente dimensión ética y demuestra que falta una regulación legal sobre el comportamiento de la esposa o del esposo de la persona que ocupa la presidencia del Gobierno. El desenlace judicial, sea el que sea, tendrá consecuencias políticas. Seguramente incrementará los recelos mutuos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y ningún otro asunto conocido saca tanto de quicio al presidente Sánchez, hasta el punto, según confesó, de hacerle dudar sobre su continuidad en el Gobierno. El eventual procesamiento de su mujer podría conducirle a una profunda depresión.
