La inmigración irregular se ha convertido en este mes de agosto en un importante problema para una gran parte de españoles que lo califican ya como el 4º en el escalafón de preocupación personal, nivel nunca alcanzado hasta ahora en las series históricas estadísticas que lo estudian. La situación en el Archipiélago de Canarias, con prácticamente 30.000 inmigrantes en lo que va de año, personas que acceden ilegalmente por vía marítima por medio de cayucos o pateras –de ellos no pocos «menas»–, ha creado una preocupación generalizada y muy comprensible en toda España. No deja de ser llamativo que, durante los tres días de gira de Sánchez, –tras estar veraneando casi un mes en el archipiélago canario– por los tres países del West Sahel de los que procede gran parte de esa inmigración –Mauritania, Senegal y Gambia– llegaron centenares de ellos a la Isla de El Hierro, la más pequeña, menos poblada y más occidental de las siete del archipiélago. En esa gira, el mensaje del presidente respecto de la inmigración, fue distinto y contradictorio en cada país visitado. Ha pasado de afirmar que era partidario de una inmigración «circular» –con contratación en origen, legal, temporal y con formación adecuada a la actividad a desarrollar–, a ofrecer en un auténtico «mensaje llamada», 250.000 puestos de trabajo, culminando por afirmar ser partidario de deportaciones masivas de irregulares. El balance que ha quedado patente es que el Gobierno de España no tiene política respecto al que es considerado como uno de los más grandes retos a los que se enfrenta el mundo Occidental, en especial la UE y EE UU. Y dentro de la UE, España por su situación geográfica es uno de los más expuestos, tanto en el Mediterráneo occidental como en la fachada atlántica como vemos. En el Mediterráneo central, Italia ha conseguido reducir en más de un 60% la cifra de llegadas de irregulares que antes colapsaban la isla de Lampedusa, mientras en España la cifra va camino de duplicarse en el mismo periodo. Las mafias criminales que trafican con esas personas han cambiado de ruta como resulta evidente, al tener a la «ultraderechista» Meloni en un gobierno y al «progresista» Sánchez en el nuestro, y los resultados saltan a la vista. Es preciso aplicar una política migratoria rigurosa y eficaz, que garantice un trato respetuoso, humano y digno, a los que llegan a nuestro país –legalmente– buscando unas oportunidades laborales que no encuentran en sus países de origen. Pero es también necesario defender nuestras fronteras –por tierra, mar y aire–, de virtuales invasiones ilegales. Que es un derecho internacional indiscutible.
