La decisión de Canadá, Reino Unido, Australia y Países Bajos de llevar en el plazo de seis meses a Afganistán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya constituye un mínimo paso —y muy matizado— ante la dramática situación de apartheid de género que en la práctica sufren las ciudadanas de eses país bajo el yugo del régimen talibán. Los cuatro países han dado medio año al Ejecutivo islamista de Kabul para que mejore la situación de las mujeres antes de acudir al Tribunal, lo cual sería un hito histórico porque jamás ningún país ha sido acusado ante el TIJ por discriminación de género. A la vista de cómo han maltratado los talibanes a sus conciudadanas afganas desde el momento en que retomaron el poder en agosto de 2021, todo parece indicar que la demanda es inevitable.
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