El punto de inflexión llega en un AVE, allá por el 7 de noviembre de 2023. Faltan aún casi seis meses para que la Comunidad de Madrid les comunique a las familias y los profesionales del Ramiro de Maeztu que va a incrustar en su colegio otro colegio público y gratuito destinado a hijos de diplomáticos, pero las gestiones ya han comenzado. Ese día, Ignacio García Rodríguez, un ejecutivo de la Consejería de Educación, se marcha a Alicante para visitar una escuela similar a la que inaugurará Madrid el próximo curso dentro de las instalaciones de este referente de la enseñanza pública. El proyecto, según los afectados, supondrá “la segregación del alumnado”, ya que los hijos de funcionarios de la UE tendrán preferencia de ingreso; implicará “mermar los espacios, recursos y capacidades” del centro original; y abrirá la puerta a un posible recorte de plazas públicas en el futuro. Los tres representantes que envía el Gobierno a intentar contener la polémica en un consejo escolar extraordinario celebrado el 21 de mayo, apenas pueden justificar la opacidad de un proceso que arranca el 10 de octubre de 2023, cuando se registra en Bruselas la solicitud de acoger una Escuela Acreditada Europea (EEA).
Así incrustó Ayuso un colegio internacional en el corazón del Ramiro de Maeztu: “Dossier aceptado; el centro será auditado en otoño”
