Un acuerdo secreto acaba de abrir las compuertas a una nueva era de cooperación nuclear entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido en el marco de la alianza AUKUS. Se trata de un compromiso que, si bien promete el intercambio de información sobre propulsión nuclear naval, también abre la puerta a algo mucho más delicado como es la transferencia de material nuclear al país oceánico. Los críticos no se han hecho esperar. Advierten de que esta medida podría tener devastadoras consecuencias ambientales, con el potencial vertido de residuos radiactivos en suelo australiano. Pero las sombras que se ciernen sobre esta firma van más allá de los temores ecológicos. Una carta del presidente estadounidense Joe Biden a la Cámara de Representantes y Senado reveló la existencia de “compromisos políticos adicionales relacionados” entre los socios, avivando las sospechas sobre la creciente complicidad de Australia con la superpotencia estadounidense.
En los pasillos del poder, este convenio nuclear se erige como un movimiento estratégico de gran calado, que promete transformar el equilibrio de fuerzas en la región. Pero para los guardianes del medioambiente y los defensores de la transparencia, no es más que una peligrosa apertura a un futuro sombrío.
El gobierno australiano publicó el lunes el texto del nuevo acuerdo con la intención de disipar las acusaciones de no informar a la opinión pública sobre compromisos políticos significativos con sus aliados. Pero los opositores al plan señalaron que contiene «múltiples salvoconductos para Estados Unidos», que se suman a los temores ya existentes de que un futuro presidente pueda renunciar a vender submarinos de la clase Virginia a Australia en la década de 2030. Estos temores se basan en los cuellos de botella de los astilleros estadounidenses, que están causando retrasos a la hora de satisfacer sus propias necesidades de producción de submarinos.
Por otra parte, el nuevo protocolo establece que «permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2075», pero añade que cualquiera de las partes podrá rescindirlo «notificándolo por escrito a los restantes miembros con al menos un año de antelación». En caso de que alguno de los estados incumpla o rescinda el contrato, los demás tendrán «derecho a exigir la devolución o destrucción de cualquier información, material o equipo» ya intercambiado. Además, el texto incluye una serie de salvaguardias, como la obligación de Australia de llegar a un arreglo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) «antes de que Reino Unido o Estados Unidos le transfieran material nuclear».
Cuando el gobierno australiano anunció en 2021 su participación en el acuerdo de seguridad AUKUS, que incluye la fabricación y suministro de submarinos de propulsión nuclear, pocos podían imaginar la tormenta política que se desataría. Mientras el Ejecutivo lo defiende como una garantía de seguridad frente a la creciente asertividad china, sectores de la oposición y la sociedad civil lo perciben como un acto de sumisión a los intereses estratégicos de Washington, cuestionando la soberanía y el rumbo geopolítico de Australia. Con un costo estimado de 368.000 millones de dólares australianos (242.000 millones de dólares estadounidenses) para los contribuyentes australianos y la polémica sobre el uso de ese tipo de energía, el pacto se perfila como uno de los temas más espinosos de la agenda política del país.
Los peligros del acuerdo de seguridad
Los críticos han manifestado su inquietud sobre la posibilidad de que éste conduzca al almacenamiento de residuos radiactivos de alto nivel en Australia. A pesar de estas preocupaciones, las autoridades mantienen que tales actividades no se llevarán a cabo. No obstante, el activista de la campaña por la desnuclearización de la Fundación Australiana para la Conservación, Dave Sweeney, subrayó que, aunque existe una garantía política contra estas prácticas, carecen de un marco jurídico, legislativo e institucional que lo respalde de manera efectiva. “Es imperativo cerrar esa brecha y abordar esta laguna normativa”, alertó.
La asociación trilateral establecida en septiembre de 2021 ha adquirido un estatus casi mítico en el panorama geopolítico internacional. Esta iniciativa de gran envergadura estratégica y ambición nacional tiene como objetivo proporcionar a la Marina Real Australiana la capacidad de operar submarinos de propulsión nuclear, tecnología que actualmente solo poseen seis países en el mundo. El proyecto se enfrenta a dudas significativas sobre si las capacidades de la industria de defensa y el crecimiento económico serán suficientes, y si el compromiso político será tan duradero como para sostener su ambiciosa visión. Dada la magnitud de la misión y su prolongada trayectoria, se ha convertido en el yunque en el que se forjarán o romperán una serie de relaciones, capacidades y resultados clave a nivel internacional.
A pesar de los compromisos proclamados y las decisiones tomadas hasta la fecha, los tremendos desafíos que plantea el cumplimiento del acuerdo genera incertidumbre sobre las consecuencias estratégicas a nivel global si no se logran los objetivos previstos. Su éxito o fracaso tendrá un impacto significativo en el equilibrio de poder y las dinámicas de competencia entre las principales potencias mundiales.
China en el horizonte
Si bien las primeras declaraciones sobre el plan no aludían a China, el creciente desafío de este país a Occidente fue sin duda la fuerza motriz de la iniciativa. Es posible que hasta la fecha esta sea la iniciativa multilateral más importante destinada a reequilibrar la balanza marítima en el Pacífico, que parecía inclinarse inexorablemente a favor de Pekín.
Con todo, la Revisión estratégica de la defensa de 2023 destacó que la expansión militar de China representa el esfuerzo más significativo y ambicioso de cualquier nación desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de militarización, caracterizado por su falta de transparencia y garantías, se erige como un desafío directo a los intereses estratégicos de Australia en el Mar de China Meridional y en la región del Pacífico. Es relevante señalar que, en lo que respecta al gasto militar, China actualmente invierte más que los veinticinco países de la región en conjunto, con un incremento del 75% en su presupuesto de defensa durante la última década, según datos del Instituto Lowy. A pesar de ser el principal socio comercial de Australia , la imponente y difusa acumulación militar de la segunda economía mundial se erige como la principal preocupación en materia de seguridad.
Por el momento los observadores internacionales debaten si este proyecto refuerza la disuasión o aumenta las tensiones, si los submarinos de propulsión nuclear son la opción estratégica adecuada para Australia, y si corren el riesgo de quedarse obsoletos a medida que mejoren las tecnologías de vigilancia submarina, o si vinculan a Canberra a una dependencia estratégica mucho mayor de Washington.
En el marco de AUKUS también se prevé la cooperación en otras capacidades clave de defensa, identificadas inicialmente como cibernética, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y tecnologías de guerra submarina. A este segundo pilar se han añadido las capacidades hipersónicas, la guerra electrónica, la innovación y el intercambio de información.