Bangladesh se encuentra inmerso en una preocupante espiral de violencia política que amenaza con desestabilizar al país. Durante este último fin de semana, una nueva oleada de enfrentamientos entre manifestantes estudiantiles, fuerzas de seguridad y activistas del partido gobernante, dejó más de 30 muertos y cientos de heridos. Los disturbios se desataron a raíz de las multitudinarias protestas de julio, en las que miles de estudiantes exigían el fin del sistema de cuotas para puestos de trabajo en el gobierno.
Tras la escalada violenta que dejó más de 200 víctimas (a las que se une otro centenar en la última oleada de protestas de este fin de semana), las autoridades respondieron con medidas drásticas, como el cierre de escuelas y universidades, el bloqueo de internet y la imposición de toques de queda, incluyendo el uso letal de la fuerza. Además, se han realizado al menos 11.000 detenciones en las últimas semanas, lo que ha exacerbado aún más la tensión en el territorio.
Lo que comenzó como una protesta estudiantil contra un controvertido sistema de cuotas de empleo público en junio, se ha transformado rápidamente en un auténtico pulso político contra la líder del país, y lo que muchos analistas consideran un gobierno cada vez más autoritario. En otros tiempos, fueron muchos los que consideraban a Hasina una auténtica paladín de la democracia.
La líder del partido Liga Awami ha logrado mantenerse en el poder desde 2009, convirtiéndose en la mujer que más tiempo ha gobernado Bangladesh. Pero sus últimas cuatro victorias electorales consecutivas, incluyendo la de este enero, han sido duramente cuestionadas tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el de Reino Unido, quienes calificaron los comicios como “no libres ni justos”.
El prolongado mandato de Hasina se ha caracterizado cada vez más por un patrón alarmante de represión y abuso de poder. Lejos de ser un “reinado” democrático, como a menudo se le ha denominado, este gobierno ha estado marcado por una brutal supresión de la disidencia. Los informes dan cuenta del encarcelamiento de activistas de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y un efecto generalizador del miedo que disuade a cualquiera de exigir rendición de cuentas al gobierno. Esta espiral autoritaria se ha acentuado aún más en los últimos años.
Las masivas protestas comenzaron en junio, después de que un tribunal superior reinstaurara una controvertida política de cuotas del gobierno bangladeshí, que reserva el 30% de los empleos públicos a las familias de personas que sirvieron en la guerra de independencia de Bangladesh de 1971. Según los manifestantes, Hasina ha distorsionado y abusado de esa política para nutrir de aliados su administración pública.
Además, la ira está creciendo a medida que diversos ex funcionarios son objeto de graves acusaciones de corrupción, algunos de ellos acusados de haber recaudado ilegalmente millones de dólares. Entretanto, los bangladeshíes sufren el encarecimiento del coste de la vida y el elevado desempleo juvenil, lo que ha convertido la contratación de personal público en un asunto altamente lucrativo.
Para responder a dichas movilizaciones, las autoridades desataron una brutal oleada de medidas represivas policiales y paramilitares. Incluso ha dado de alta al Batallón de Acción Rápida, una unidad especial que no sólo ha sido sancionada por Washington, sino que además ha sido calificada de “escuadrón de la muerte” por los grupos de derechos humanos más destacados.
Ya son más de 200 las víctimas mortales y miles los heridos, entre ellos personas que no formaban parte de manifestaciones. Al parecer, durante uno de los ataques, miembros de la policía atraparon a estudiantes en los campus, impidiendo que llevaran a los heridos graves a los hospitales.
La primera ministra ha achacado la violencia a los grupos políticos de la oposición y ha afirmado que las autoridades se desplegaron para «proteger» a los estudiantes, a pesar de que las fuerzas del orden utilizaron munición real, lanzaron gases lacrimógenos desde helicópteros y dispararon balas de goma y perdigones metálicos contra los estudiantes. De hecho, Hasina ha endurecido cada vez más su postura, asegurando que quienes se dedican al “sabotaje” en todo el territorio como señal de protesta son “terroristas” que deben ser reprimidos con mano firme por la población.
A mediados de julio, el gobierno decretó un estricto toque de queda en todo el país para frenar los disturbios y dio al ejército órdenes de «disparar a discreción» contra los infractores. Asimismo, se impuso un apagón de Internet móvil de 11 días, que impidió a los activistas comunicarse entre sí, amenazando la seguridad y el sustento de sus propios civiles.
Pocos días después, el Tribunal Supremo del país abordó de frente la demanda original de los manifestantes e introdujo severos recortes en el sistema de cuotas, reduciendo del 30% a sólo el 5% la cantidad de empleos públicos reservados a las familias de veteranos.
Según los medios de comunicación bangladesíes, en las últimas dos semanas han sido detenidas más de 10.000 personas en relación con las protestas, entre ellas dirigentes estudiantiles y miembros del partido de la oposición. Los grupos de derechos humanos también acusan a las autoridades de someter a los periodistas a la violencia e interrumpir sus esfuerzos por informar sobre las protestas.
El futuro democrático de Bangladesh parece estar en juego mientras la confrontación entre el gobierno y los manifestantes se recrudece. La capacidad de Hasina para encontrar una salida negociada a esta crisis será fundamental para evitar una mayor escalada de la violencia.
