El texto legal que ha permitido retirar el veto vigente a que los terroristas de ETA pudieran descontarse los años de cárcel cumplidos fuera de España seguirá su trámite parlamentario y se aprobará próximamente, a pesar de que el PP lo quitó ayer del orden del día del Pleno del Senado. Solo el Gobierno podía forzar su retirada y ha confirmado que mantendrá el proyecto de ley: al no haberse presentado enmienda de totalidad ni haber sido modificado en el trámite previo no hay posibilidad de que vuelva al Congreso. Las terminales del Gobierno se vanagloriaban ayer de que la reducción de penas para los etarras haya pasado su trámite en la Cámara Baja de manera pacífica y con el apoyo unánime de todos los grupos.
En la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a dar la cara personalmente por el «error injustificable» cometido por su partido, y por los demás grupos de la oposición que tampoco se apercibieron de la enmienda introducida en el trámite parlamentario en beneficio de los reclusos etarras. Pero esta decisión de Feijóo de ponerse al frente de la crisis no exime al grupo popular en el Congreso de estar en la diana del partido. Nadie discute que en un tema tan sensible para el PP como éste «no se pueden tener fallos». «Esto es producto del bajo nivel parlamentario, y luego hay que estar encima del grupo parlamentario, mantenerlos en tensión. Estos diputados deberían dimitir». La demanda sale de una de las baronías más fuertes del PP, y en parecidos términos se manifiestan en otros gobiernos autonómicos. La clave está en que de fondo se señala no solo a los miembros que el PP tiene en la comisión de Justicia del Congreso, sino que el dedo acusatorio apunta implícitamente contra el portavoz, Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo, que contó anoche –en La Brújula de Onda Cero– que «varios compañeros han puesto su cargo a disposición en el día de hoy». La crisis da pie a que se hagan sonar con más fuerza las críticas soterradas contra el núcleo de poder que acompaña a Feijóo. Este, por su parte, insistió en pedir perdón por el «error injustificable», al tiempo que instó al Gobierno a rectificar para poder mirar a la cara a las víctimas de ETA. Feijóo señaló que el Gobierno será el único responsable si no da marcha atrás a la rebaja de penas a etarras.
También en Vox se declararon «devastados» por esta última pirueta legislativa del Ejecutivo. Pero aquí, a diferencia de Feijóo, se sacuden sus responsabilidades y las trasladan sobre el PP, a pesar de que ellos tampoco se percataron del contenido de lo que estaban votando en el Congreso.
Mientras, la comunicación entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se quedó en un diálogo de sordos, como era previsible. Bolaños telefoneó por la tarde a Gamarra para abordar la polémica reforma que beneficia a los presos de ETA y el ministro afeó a la dirigente popular el cambio de opinión de su partido con una iniciativa que «sirve para aplicar el derecho europeo en España».
Gamarra había mandado un mensaje al ministro por la mañana, cuando se encontraba en el Consejo de Ministros, para abordar la situación y buscar una manera de corregir la reforma. Desde el Gobierno se defiende el texto tramitado, subrayando que ni en el Congreso ni en el Senado se ha presentado ninguna enmienda en esa dirección.
Moncloa defiende que la norma entre en vigor tal y como está porque viene respaldada por un informe favorable del Consejo de Estado. Una afirmación que no se ajusta en absoluto a la realidad ya que lo que este avaló fue el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, sin tomar en cuenta las enmiendas incluidas después.
