Hace un tiempo no muy lejano, la compañía norteamericana Boeing era reconocida en el mundo de la aviación como el fabricante de aeronaves más fiable del mundo. Era, sin duda, un estandarte de seguridad mecánica, y los diseños y fabricación de sus aparatos rozaban la perfección técnica, su mejor publicidad, eran los propios profesionales del sector aeronáutico, pilotos, mecánicos, ingenieros aeronáuticos y todos aquellos que podían comparar la calidad de sus aeronaves, pero algo truncó esta fama y su intachable reputación.
Fue en fecha 29/10/2018 y 10/3/2019 cuando dos aviones nuevos, propiedad de Lion Air y de Ethiopian Airlines, caían estrepitosamente, dejando una cifra de 346 fallecidos. Estos dos accidentes provocaron la parada mundial de todos los modelos Boeing 737 MAX, anunciada por Donald Trump, que por aquel entonces era el Presidente de los EEUU.
El denominador común de estos dos accidentes, según se ha podido comprobar en prolijas investigaciones, fue un fallo proveniente del sistema MCAS, que era un mecanismo de seguridad que estaba implementado hace varios años en los viejos modelos 737, y que permitía, hablando en términos coloquiales, que el morro del avión bajara cuando la aeronave picaba hacia arriba. Este sistema permitía corregir y estabilizar la aeronave. Hasta aquí, ningún problema. Boeing tenía este sistema implementado a plena satisfacción de las compañías aéreas y de sus pilotos.
La intrahistoria del precipitado nacimiento del modelo 737 MAX comenzó cuando Airbus, su principal competidor, sacó al mercado un modelo arrollador, el A320 NEO, una aeronave que conseguía un importante ahorro de combustible y que empezó a devorar el mercado de la aviación.
Boeing sabía que debía contratacar y puso a sus ingenieros en marcha para diseñar una nueva aeronave que fuera una evolución del 737 y pudiera reducir el consumo de combustible.
El objetivo no era fácil, habida cuenta de que Airbus había hecho un producto redondo en términos de eficiencia, reduciendo ostensiblemente los costes de los trayectos, una circunstancia capital para las compañías aéreas a la hora de elegir fabricante y modelo para reemplazar o comprar nuevas aeronaves.
Boeing, finalmente, consiguió lanzar al mercado el nuevo 737 MAX, un modelo continuista del viejo y exitoso 737, y que prometía unos consumos a la par o incluso mejores que el Airbus 320 NEO. Pero, ¿qué pasó con esta aeronave? Algo dramático y que bien pudo evitarse, como veremos.
Hace escasos días, vimos como la Fiscalía de los EEUU ha propuesto un acuerdo a Boeing para evitar el juicio con objeto de que reconozca que ha cometido un fraude contra los EEUU a través de la documentación presentada ante la Autoridad Reguladora Aérea, FAA.
Boeing habría declarado una información que a la postre fue fatal para las víctimas de los accidentes, un «compliance» mortal, nacido en el seno de Boeing y que, con plena convicción de lo que hacía, presentó, ante la FAA, documentación fraudulenta con objeto de burlar los controles y certificaciones de seguridad correspondientes, ahorrando tiempo y costes para poder lanzar sin demoras su nuevo modelo 737 MAX.
Si finalmente se suscribe este acuerdo por parte de la Fiscalía y el Consejo de Administración de Boeing, con el refrendo del Juez, estaríamos ante un reconocimiento del fraude cometido por el gigante norteamericano, un asunto de puro «compliance», de ética y que reabre el viejo y clásico enfrentamiento entre los departamentos comerciales y de cumplimiento, esa vieja guerra entre facturar a toda costa o hacer las cosas con mesura, criterio y legalidad.
Boeing declaró ante la Autoridad Aérea, FAA, que su sistema MCAS no era un componente nuevo, sino que era equivalente al que ya tenía en el modelo 737, esto provocaba que no tuviera que realizar certificaciones, pruebas y ensayos de este sistema de corrección y estabilización de la aeronave.
Pero además, y no menos importante, con estas declaraciones ante la FAA evitaba tener que imponer una formación específica a todos los que fueran a pilotar esta aeronave, algo que las compañías aéreas normalmente ven como un hándicap a la hora de elegir sus aeronaves, porque sus pilotos tienen que acudir a estas pruebas de capacitación, dejando de volar y por lo tanto generando costes sin ningún retorno aparente.
Boeing sabía lo que hacía, declaraba que este sistema no era novedoso, cuando en la realidad había incrementado su potencia de forma considerable, con nuevas funcionalidades, habida cuenta que la corrección de la aeronave debía ser más severa por las dimensiones de sus nuevos motores y porque estaban colocados más cerca de la cola.
Este nuevo diseño agudizaba el temido cabeceo hacia arriba del morro de las nuevas aeronaves 737 MAX. Sin duda, era una tecnología cuya dimensión había mutado hasta convertirlo en un verdadero monstruo a bordo y exigía una formación específica para los pilotos. Si esta información no se hubiera ocultado, los pilotos hubieran sido capacitados y se podrían haber evitado las dos tragedias aéreas.
Finalmente, por lo que se conoce hasta la fecha, los sistemas MCAS de las dos aeronaves fallaron y no se desconectaron a tiempo, provocando que ambos aparatos entraran en pérdida. Los dos pilotos sólo disponían de diez segundos para desactivar el MCAS, pero nadie les informó ni les capacitó para gestionar dicha operación.
Está claro que el departamento comercial, o bien los directivos de Boeing pudieron lanzar su nuevo modelo 737 MAX para competir con el A320 NEO con prisas y sorteando los más elementales (y críticos) controles de «compliance», pero toda trampa tiene sus consecuencias. Boeing tendrá que enfrentarse a una pila incalculable de millones de dólares. Hasta la fecha, más de 3.000 millones de dólares. Además, habrá una pérdida de contratos millonarios, veremos qué pasa con los del Departamento de Defensa de los EEUU y la NASA, entre otros.
Pero no todo queda en multas e indemnizaciones, Boeing se enfrenta a un daño reputacional que puede ser de gran escala, donde puede ver afectado su valor bursátil a corto plazo si se confirma el acuerdo con la Fiscalía, con una potencial pérdida de confianza de los stakeholders y de los Reguladores Aéreos.
Además de todo esto, el acuerdo con la Fiscalía recoge un monitor independiente durante tres años. La empresa estará sometida a un control diario con el objetivo de que cumpla las normas, así como la obligación de invertir 455 millones de dólares en programas de cumplimiento y seguridad, sin duda, los atajos en «compliance» tienen graves consecuencias, a veces, incalculables.
