La Comisión Europea ha demandado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE por su controvertida “ley de soberanía”, alumbrada por el Gobierno del nacionalpopulista Viktor Orbán. La normativa establece la llamada Oficina de Protección de la Soberanía (SPO) para investigar a personas y organizaciones sospechosas de socavar la “soberanía nacional” y la “identidad constitucional” del país. Y pone bajo el foco a quienes reciben financiación del exterior, que pueden enfrentarse a duras penas. Bruselas considera que esta norma vulnera los derechos de la ciudadanía en materia de privacidad, libertad de expresión y libertad de asociación. Con la judicialización de este caso, se abre el enésimo contencioso entre Bruselas y la Hungría de Viktor Orbán, convertido en el socio más díscolo de la UE.
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