El Parlamento de Cantabria ha llevado la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que esta ley “vulnera el principio de igualdad entre los españoles” y “libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología eximiéndoles de cumplir la ley”.
La región cántabra no ha sido la única en dar este paso, lo mismo han hecho el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, a las que se ha sumado además el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Así, a dos días de que venza el plazo este miércoles, Madrid, Aragón, Murcia y Andalucía han confirmado también sus recursos ante el Constitucional. La misma línea marcada seguirá el Gobierno de la Comunidad Valenciana, que tiene previsto aprobar su recurso durante un pleno monográfico del Consell esta tarde, mientras que el de Extremadura lo hará el martes.
Este mismo lunes, en una rueda de prensa, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, anunció que el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado viernes solicita la anulación completa de la ley orgánica o, alternativamente, la invalidación de ciertos artículos que se consideran “infracciones” del marco legal.
González Revuelta recordó que esta decisión sigue el acuerdo adoptado por el Parlamento cántabro el 24 de junio, cuando el Pleno aprobó, con una “amplia mayoría” que incluyó los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PRC y el rechazo del PSOE, que la Ley de Amnistía “no era conforme a la Constitución” y, por lo tanto, se instó a llevar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Además, señaló que la demanda presentada “también refleja democráticamente el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos de Cantabria”.
La presidenta ha explicado, con la esperanza de que el recurso sea aceptado para su tramitación, que el recurso se fundamenta en motivos como “la vulneración del principio de igualdad, el no reconocimiento de la amnistía en la Constitución, irregularidades en el procedimiento legislativo y la inseguridad jurídica”. En particular, ha destacado que “la Constitución prohíbe, literalmente, los indultos generales y la Ley de Amnistía tiene todos los elementos”.
También subrayó que el proceso de aprobación de la ley “no cumplió con todos los requisitos legales, como la falta de designación de una ponencia para informar sobre el texto de la proposición de ley, lo que supone una vulneración de los derechos de participación democrática”. Además, señaló que la ley impugnada “carece de seguridad jurídica porque incumple varios requisitos exigibles a las leyes penales”.
Es la segunda vez en la historia del Parlamento que se presenta un recurso de inconstitucionalidad, lo que, según González Revuelta, demuestra la “excepcionalidad” y la “trascendencia” de esta decisión. Por último, recordó que el Gobierno de Cantabria también ha anunciado públicamente su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Tal y como ha afirmado, “con este recurso que se ha presentado se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa”.
En el documento, se pide al Tribunal Constitucional que invalide la Ley de Amnistía o elimine los artículos que se consideran contrarios a la Constitución, ya que “vulnera el principio de igualdad entre los españoles”. “Este principio exige iguales consecuencias a iguales principios de hecho. En esta ley se amnistía a unos delincuentes por su ideología política, lo que es una desigualdad: la consecuencia del delito es diferente según la ideología”, ha enfatizado.
El recurso también presenta otros argumentos, como la “impunidad de los políticos que vulneren la ley, así como cuestiones técnicas como su aprobación mediante ley orgánica, algo que consideran no previsto en la Constitución, así como que esta “prohíbe indultos generales”. Además, se ha destacado la falta de una ponencia parlamentaria durante su tramitación en las Cortes y “el incumplimiento de requisitos de toda ley, como es el de la seguridad jurídica”.
González Revuelta ha finalizado diciendo que “el Parlamento defiende la Constitución y que los políticos deben responder de sus actos igual que cualquier otro ciudadano que comete infracción penal. Lo contrario es abrir la puerta a que las penas se pongan en función del partido político”.
