Cáritas Diocesana de Valladolid ha presentado este lunes la Memoria de 2023, en la que, entre otras cosas, se revela un progresivo aumento de las demandas de ayudas al alquiler y también para gastos farmacéuticos y de ortopedia, mientras que bajan las peticiones para el pago de suministros de agua y luz.
Este cambio se debe a la práctica superación de los efectos que produjo en los más necesitados las crisis económica y sanitaria con la pandemia del coronavirus, según apuntaba el delegado episcopal de Cáritas, José Colinas, aunque también persisten algunos efectos y condicionantes, como la soledad no deseada, que no afecta exclusivamente a los más mayores y la transmisión intergeneracional de la pobreza, algo que, según advertía, “también se hereda y preocupa mucho”.
Colinas insistía en la conveniencia de reforzar la dignidad de las ayudas a través de iniciativas como las tarjetas bancarias de débito, así como para la adquisición en los supermercados de los alimentos y otros enseres que libremente decidan, en función de sus necesidades, los beneficiarios de las mismas.
Cáritas Diocesana manejó en Valladolid durante el pasado 2023 un presupuesto de 3,5 millones, similar al de ejercicios anteriores, también su procedencia de fuentes publicas (1,2) y privadas (2,3) de cuya inversión, en forma de programas (137) y proyectos (14), se han beneficiado más de 15.000 personas.
“Queremos poner rostro a personas que son sujetos de derecho y deberes para que puedan desarrollar una vida digna”, aseguraba, por su parte, el director de Cáritas Diocesana, Guenther Eduardo Bolehoff, antes de detallar más cifras de la memoria.
El 56 por ciento de los atendidos fueron mujeres, también niños (24), extranjeros (51), mayores de 66 años (6), hogares atendidos con niños (57) y personas en soledad por indiferencia o despreocupación (12 por ciento).
En relación a la infancia, un diez por ciento de las 408 personas atendidas por el apoyo psicológico y emocional fueron menores de edad, donde se detectó un aumento del más del 20 por ciento de las solicitudes de citas para menores por diversas causas, como la mayor sensibilidad de los padres hacia la salud mental, la violencia vicaria, el acoso escolar y la sintomatología traumática.
Además, 517 niñas y niños participaron en actividades vinculadas a la juventud e infancia gracias a los proyectos parroquiales, la Escuela de familias, los campamentos de verano urbanos y el programa específico para este colectivo. Un trabajo realizado mediante diversos grupos con el fin de “crear una red con profesionales de la psicología para que los participantes se sientan escuchados con sus dificultades y puedan hablar de sus problemas”, aclaraba Eduardo Boelhoff, siempre en diálogo con las familias y el apoyo escolar.
Cáritas Valladolid también sufragó con ese presupuesto el trabajo de 71 personas apoyado por voluntarios (534), donantes (890) y socios (826).
Inmigración
Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se refería tras la presentación de la Memoria a la propuesta de regularización de cerca de medio millón de inmigrantes en España, tomada en consideración por el Congreso a través de una Iniciativa Legislatura Popular (ILP).
“Es de sentido común”, decía el prelado, para quien es necesario reforzar la dignidad de las personas implicadas, pero también que a través de sus contratos puedan contribuir al bien común de todos mediante sus cuotas a la Seguridad Social.
Entre 400.000 y 470.000 extranjeros, residentes en España desde antes del 1 de noviembre de 2021, están afectados por esta ILP avalada por más de 600.000 firmas y cerca de un millar de asociaciones, entre ellas la Iglesia Católica, cuya tramitación tomó en consideración el Congreso de los Diputados el pasado abril.
Con su regularización, ha añadido el prelado, serían “sujetos de derecho y deberes”, por lo que abandonarían su precaria situación dentro de “una economía sumergida donde carecen de los más mínimos derechos laborales, con contratos en negro”, y sin más ayudas que las de entidades sociales como la Iglesia Católica a través de diversos programas y proyectos que coordina Cáritas, señalaba, en declaraciones recogidas por Efe.
No obstante, a la espera de que la tramitación parlamentaria culmine con éxito, el presidente de la Conferencia Episcopal recordaba que el proyecto de ley de regularización saldría adelante “en función de las nuevas directivas europeas en materia de inmigración”.
