Se acaban de cumplir 16 años de la detención del que fuera alcalde socialista de la localidad malagueña de Estepona, Antonio Barrientos, en el marco de la denominada «operación Astapa», por la que fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas cinco concejales del equipo de gobierno que había entonces en el municipio, conformado por PSOE y Partido Estepona (PES). Junto a Barrientos fueron arrestados, además de los ediles socialistas y del citado partido independiente, técnicos municipales y empresarios, acusados de diversos delitos vinculados con la corrupción en torno al urbanismo: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Esta macrocausa, cuya investigación saltó a la luz dos años después de la «operación Malaya», desplegada en la vecina Marbella, ha visto considerablemente reducidas las penas que solicita el Ministerio Público y que no exceden de los dos años y medio de prisión en ninguno de los casos al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
Así, para el que fuera regidor socialista, el fiscal solicita en su informe de conclusiones un año y seis meses de prisión y 40.000 euros de multa, por delitos de falsedad, fraude, malversación y cohecho, frente a la pena de diez años y nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo público por treinta y ocho años además de multa de un millón de euros, que pedía inicialmente. El representante del Ministerio Público mantiene su acusación en este procedimiento para un total de 37 procesados, al tiempo que pide la absolución para nueve personas para las que retira la absolución, y rebaja lo solicitado inicialmente para el resto de acusados.
Para ellos, las penas solicitadas oscilan entre la multa y los dos años y medio de prisión.
Con todo, el Ministerio Público sostiene que el equipo de gobierno que conformaron PSOE y PES cerró entre 2003 y 2007 una «caja B» en el consistorio, para poder así incrementar el gasto publico, inasumible con los recursos presupuestarios de la administración local.
Dicha «caja B» se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el propósito de «eludir controles» y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos, con el objetivo de «beneficiar a ciertos empresarios».
El representante del Ministerio Público mantiene el escrito inicial pero matiza respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio no ha quedado probado como que los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al de municipios así como tampoco «se ha demostrado que tuvieran causa ilícita» las aportaciones de determinadas empresas para eventos deportivos o musicales.
En enero de 2023 comenzó la celebración del juicio con las cuestiones previas y la fase de pruebas. Hoy dará comienzo en la Sección Tercera finalizada la práctica de las pruebas.
El tribunal dividió el procedimiento en diez bloques, en los que se han analizado e investigado entre otros supuestos convenios urbanísticos ilegales, financiación de partidos políticos o enriquecimiento ilícito presuntamente de alguno de los acusados.
Después de año y medio de celebración y sin que haya concluido, el juicio del «caso Astapa» se ha convertido en el más largo de los que se ha celebrado en la Audiencia Provincial malagueña.
Hoy dará comienzo la lectura del informe de la acusación pública, si bien está previsto que el fiscal se prolongue varios días tras lo cual se abrirá el turno de las defensas de los acusados que expondrán sus conclusiones definitivas. El juicio quedará visto para sentencia a finales del mes de julio.
