La herida por los asesinatos de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, aquel fatídico 9 de febrero, en el puerto de Barbate aún sigue muy viva entre los miembros de la Guardia Civil y la propia ciudadanía, que esperan, confían, que los autores de los hechos puedan ser detenidos, juzgados y condenados por uno de los asesinatos más crueles que se recuerdan en la ya histórica lucha contra el narcotráfico en las costas de Cádiz.
Posibilidad que, desde hace unos días, se antoja más cercana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz señalaran que los presuntos autores de los asesinatos estaban localizados en suelo marroquí, concretamente en Dalía, pequeño pueblo situado al norte de Marruecos.
Un hecho que viene a confirmar lo que, el pasado mayo, ya apuntaron a LA RAZÓN fuentes próximas a la investigación, señalando que los cuatros individuos que iban en la narcolancha que abordó la embarcación de la Guardia Civil eran cuatro marroquíes (uno de ellos conocido como «Karim») y que podían estar escondidos en algún punto de Marruecos.
Esta noticia ha dado paso a una tensa espera para ver si Marruecos, tal y como reclama España, autoriza las detenciones y la puesta a disposición judicial de los presuntos autores. Algo que despierta ciertas dudas entre colectivos como la Asociación Española de Guardias Civiles y la Coordinadora Antidroga Alternativa.
«Es una realidad que dependemos de Marruecos, ya que es obvio que necesitamos de su colaboración. No obstante –resalta José Antonio Belizón, delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles– esa realidad nos dice que, por ejemplo, ahora mismo, en materia de inmigración, se la está saltando».
Bajo su punto de vista, el país vecino «no está colaborando en nada, ya que no está recibiendo a todos los inmigrantes ilegales mayores de edad. Con lo cual, esto sí que afecta directamente a la extradición de estos asesinos».
Según explica para referirse al reinado de Mohamed VI, «estamos ante un país totalmente imprevisible». Y añade: «Hoy te puede decir que sí y mañana que no. Decirte que te los van a entregar y después no hacerlo». «Nosotros en lo que confiamos –subraya el delegado– es en el trabajo que están haciendo los compañeros, que está bastante avanzado; lo que dependa de Marruecos lo vamos a conocer a última hora».
«Esperemos que, finalmente, Marruecos colabore, aunque, insisto, ahora mismo en materia de inmigración no está cumpliendo», subraya José Antonio Belizón, que lamenta que «se estén filtrando muchas cosas que no deberían, como es el caso del paradero o supuesto paradero de los presuntos asesinos».
Idénticas dudas, escepticismo, despierta la actitud de Marruecos en colectivos ciudadanos con gran peso en la lucha contra la droga en la zona, caso de la Coordinadora Antidroga Alternativa.
«Estamos en manos de Marruecos y si, como es el caso, se trata de personas de nacionalidad marroquí, no hay convenio de extradición. Por lo tanto, en esos casos, Marruecos, que yo sepa, lo que en algunas ocasiones hace es ejercer una gran presión sobre el presunto o los presuntos delincuentes para que abandonen el país», apunta Juan Mena, representante de la coordinadora.
«Esto es más de lo mismo; si se trata de Marruecos –explica–, no hay nada que hacer. Toca tener paciencia y esperar a que el sujeto o los sujetos en cuestión puedan cometer errores».
En su argumentación, Mena añade que «viven de lo que viven y, por tanto, cabe la posibilidad de que puedan volver a la zona con una narcolancha para a alijar y haya suerte y se les detenga. De lo contrario, no hay nada que hacer». Desde la coordinadora dudan «mucho» de que Marruecos cambie su actitud, entre otras cosas «porque de producirse un cambio de proceder no podría ser solo para unas personas».
