La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido hoy en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para, entre otros asuntos, informar sobre cómo afecta a la Seguridad Nacional la infección con el programa “Pegasus” de los móviles de diferentes miembros del Gobierno, entre ellos el suyo y el del presidente Pedro Sánchez. Una comparecencia que llega apenas un mes después de que la Audiencia Nacional decidiera reabrir la causa tras haberla cerrado hace un año. Por este motivo, y para no interferir en la investigación judicial, la ministra ha querido dejar claro únicamente que “la Seguridad Nacional no se ha visto comprometida”.
Tras recordar a los diputados que el Ejecutivo denunció lo ocurrido en mayo de 2022, Robles ha señalado tajante que, “desde esa fecha, esta ministra no tiene conocimiento de algún compromiso de la seguridad nacional derivada de las infecciones” de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, del suyo o de los de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas. “No hay información contrastada, dato técnico o hecho que lo vincule con una quiebra de la Seguridad Nacional. Nada se ha visto comprometido”, ha insistido.
Básicamente, en su primer turno de palabra sobre este asunto, la titular de Defensa ha reiterado en varias ocasiones que la infección de dichos terminales con “Pegasus” únicamente habría afectado a datos personales de los afectados por la infección, ya que en ellos no se almacenaba “información secreta”. “No hay constancia de que los móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como secreta o reservada. Resulta claro que la Seguridad Nacional no se ha visto afectada por las infecciones, como sí lo fue la intimidad y los datos personales de los que éramos titulares de esos móviles”.
Por este motivo, Robles ha hecho hincapié en que fue “ese atentado a nuestra intimidad lo que ha hecho que fuéramos al Juzgado, porque son hechos perseguidos penalmente”.
Atentado a “nuestra intimidad”
En este sentido, la ministra ha puesto como ejemplo, para justificar sus afirmaciones, que cuando el juez solicitó el levantamiento del carácter reservado de cualquier información relevante y vinculada al caso, el Ejecutivo respondió que no había en esos teléfonos ninguna información clasificada.
“Puedo reiterar -ha vuelto a insistir- que en la información analizada por el Centro Criptológico Nacional relacionada con esas infecciones no se han encontrado evidencias de exfiltración de información secreta, clasificada o afectación alguna a la Seguridad Nacional”.
Y tras reiterar que “se denunció porque se entendió que eran unos hechos delictivos”, ha señalado que el objetivo que buscan es “que se llegue al conocimiento de la autoría de lo hechos, quien ha sido el que ha atentado contra la integridad de nuestras instituciones”.
Estas palabras de la ministra llegan apenas un mes después de que la Audiencia Nacional acordase reabrir la causa después de que las autoridades judiciales francesas remitieran una Orden Europea de Investigación (OEI), en la que incorpora una investigación del año 2021 como consecuencia de las múltiples intervenciones con “Pegasus” de móviles de miembros del Gobierno galo, periodistas, abogados y asociaciones gubernamentales, entre otros.
Al respecto, Robles ha querido incidir en que se ha solicitado un informe técnico al Centro Criptológico Nacional por si hay coincidencias técnicas para ver “si aquellas infecciones en Francia podrían tener el mismo autor que las infecciones en España”.
Estas escuetas explicaciones de la ministras han sido rechazadas por el PP, que considera que en los teléfonos infectados había información “con la que les pueden chantajear a ustedes”, relacionándolo con el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara, tal y como ha apuntado el diputado popular Rafael Hernando.
