Nueva batalla entre la Junta y el Gobierno de Pedro Sánchez
si “toca” la asignación para políticas de vivienda que le corresponde a
Castilla y León por su peso demográfico, un 5,4 por ciento aproximadamente. La
Comunidad avisa de que “utilizará todas las armas legales” para
evitar que se condicione la recepción de fondos al cumplimiento de la normativa
estatal en aspectos voluntarios, como la declaración de zonas tensionadas que
pone límites a los precios de los alquileres.
En ‘Los Desayunos de Ical’, el consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue un paso
más allá de la crítica inicial de la Junta a la decisión de la ministra de
Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por vincular las partidas del
Estado para políticas de vivienda a la puesta en marcha de los instrumentos que
recoge la ley de vivienda nacional. De hecho, avanzó que utilizarán la vía
judicial si se dicta alguna resolución en ese sentido, puesto que recordó las
competencias transferidas llevan aparejadas una financiación.
“Rechazamos este autoritarismo”, insistió Suárez-Quiñones
quien censuró que el Gobierno recurra a la “amenaza” y la “coacción” para que
las comunidades apliquen una política “fracasada”, como las zonas tensionadas a
las que la Junta se ha opuesto desde el principio por estar basadas en la
“confiscación” ya que recordó el control de precios termina retrayendo el
mercado y, por tanto, elevando los alquileres. Precisamente, señaló que esto ya
lo advirtió en 2020 el Banco de España, al tiempo que manifestó que donde se
han aplicado, como en Cataluña, han sido un “absoluto fracaso”.
Más allá de estas políticas “erráticas”, que de nuevo el
titular de Vivienda vinculó con la situación “agónica” del Gobierno y la
necesidad de hacer concesiones a sus socios, Suárez-Quiñones señaló que
Castilla y León pedirá más financiación para las comunidades en el nuevo Plan
Estatal de Vivienda, que se abordará en la Conferencia Sectorial de Vivienda y
Agenda Urbana, prevista para el 3 de octubre. El consejero consideró que el
Estado debe ampliar su aportación, porque recordó que en la legislatura ha aportado
99,5 millones de los 830 millones desplegados por la Junta.
De la misma forma, otro de las demandas de Castilla y León
pasa por incorporar una mayor perspectiva rural en las políticas de vivienda
que se diseñan para todo el país y un cambio en la estructura de las ayudas
dirigidas a los jóvenes. Suárez-Quiñones argumentó que el Gobierno mantiene el
Bono Alquiler, que recordó puso en marcha de forma “unilateral” y que dejó
fuera a tres de cada cuatro solicitantes.
Al respecto, la Comunidad defendió la necesidad de que se
unifiquen estas ayudas con las que conceden las autonomías, que en el caso de
Castilla y León superan los 40 millones de euros en su última convocatoria. El
titular de Vivienda insistió en la necesidad de que no se frustren las
expectativas de la población juvenil con anuncios sobre nuevas políticas, que
no terminan llegando a todos ellos.
