La nueva línea de ayudas de 1.200 millones de euros a los valles de hidrógeno en España, que recibió el viernes el visto bueno de la Comisión Europea, exigirá a las empresas beneficiarias tener el 60% de la producción prevista ya comprometida de antemano. Es decir, que seis de cada diez kilos que vayan a generar tengan ya dueño ex ante, con compromiso de pago. El objetivo de esta medida, que estará incluida en la orden de bases que el Gobierno publicará en los próximos días —y a la que ha tenido acceso EL PAÍS—, será impulsar la economía real, con proyectos asentados en el territorio y que ya han buscado sus clientes. Evitar, en fin, cualquier atisbo de burbuja en un sector de rápido crecimiento y en el que ya han empezado a asomar algunas voces que alertan en ese sentido.
