Los años de sociedad de conveniencia entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi han sido una historia de éxito especialmente para el mundo de ETA. Con toda probabilidad, nunca soñaron que su proyecto político alcanzara tales progresos de la mano de un presidente de la democracia que intentaron destruir durante décadas después de una derrota policial y judicial absoluta. Otegi está a un paso de lograr lo que parecía una quimera en un pasado aún reciente y que ha sido siempre el objetivo primario sobre el que han gravitado todas sus decisiones: la libertad para todos los terroristas sin aguardar al cumplimiento de sus sentencias. De la mano de un manejo fraudulento de las leyes y de un gobierno y un partido sin escrúpulos que han cumplido con el guion y las directrices marcados por los del hacha y la serpiente. La modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, para descontar los años de reclusión en Francia ha sido una demanda antigua de los proetarras para anticipar las excarcelaciones, pero se había topado con la negativa del Ejecutivo, del propio Sánchez y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Nada de eso importa ya. El Gobierno ha incluido la reforma bilduetarra y lo ha hecho de tapadillo, sin publicidad, con una opacidad alevosa consciente de que el público conocimiento podría frustrar la operación parlamentaria. Y ha tenido éxito para la desgracia de este país y de su dignidad. El Congreso de los Diputados aprobó este oprobio judicial por unanimidad en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora aguarda su refrendo por el Senado. En este punto se hace necesario un inciso para deplorar el desastre por desidia o incompetencia de los parlamentarios de la oposición que votaron sin saber lo que votaban en un episodio que los deshonra. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha estimado que en total se perdonarán unos 400 años de cárcel a 41 etarras, con efectos inmediatos a asesinos múltiples como Txapote, que podría salir de la cárcel siete años antes. El escenario es desolador, pero con Sánchez no puede definirse como sorprendente. Hace tiempo que sus simpatías y sus intereses se encuentran en el lado de Bildu y no en el de las víctimas. El fin de la dispersión, los privilegios penitenciarios, la Ley de Memoria, la ley de Seguridad Ciudadana, la Guardia Civil fuera de Navarra o el ayuntamiento de Pamplona han sido la factura cobrada por Otegi para que el presidente disfrute de las mieles del poder. Las víctimas, los héroes de la democracia, han recibido del Gobierno el engaño, el olvido y el peor de los tormentos que ha sido el blanqueamiento de ETA. Nada honorable y decente se puede levantar desde la vileza, desde la humillación a las personas de bien y el compincharse con los malvados. Deseamos y esperamos que esta infamia tenga remedio, que el PP se enmiende y encuentre una solución. Que Sánchez y Otegi no se salgan con la suya.
