Hay dos tipos de mociones de censura: las que tienen posibilidades de salir adelante y las que no. Y aunque parezca una paradoja, también estas últimas le merecen la pena a quien las presenta porque les regala un valioso minuto de gloria y, de paso, sirven para meter el miedo en el cuerpo a quien gobierna, que no es poco.
La que este martes deberá hacer frente el primer ministro de Francia, el conservador Michel Barnier, es de esta segunda categoría, y aunque no parezca que vaya a suponer un disgusto para el Ejecutivo francés sí es un evidente aviso para navegantes y una muestra de que la legislatura va a ser de todo menos tranquila en el país galo. Nada inesperado, desde luego, pero sí llamativo que se haya cristalizado tan pronto en una medida política de este calibre.
La moción la presenta la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP) y se discutirá y votará en la tarde de mañana martes en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés. El Ejecutivo contará previsiblemente con el voto favorable del bloque macronista y de los conservadores de Los Republicanos (LR), que apenas suman en torno a 213 de los 589 diputados, informa Efe.
La clave está en la extrema derecha del RN de Marine Le Pen y sus aliados (142 diputados), que ya ha avanzado que no votará contra el Gobierno. Una posición comprensible teniendo en cuenta que ahora hay un ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, muy próximo a sus tesis en inmigración y seguridad.
En el texto de la moción, los 192 diputados del bloque de izquierda (socialistas, comunistas, ecologistas y de La Francia Insumisa) afirman que la mera existencia del Gobierno del conservador Barnier “es una negación del resultado de las últimas elecciones legislativas” de julio, en las que ese bloque se impuso.
La presentación de mociones de censura en Francia es un trámite relativamente fácil, ya que no es necesario presentar una alternativa al Gobierno. La primera ministra Élisabeth Borne superó nada menos que treinta mociones de censura entre julio de 2022 y diciembre de 2023.
Barnier parece menos preocupado por la moción de mañana que por la presentación del proyecto de presupuestos para 2025, el próximo jueves, que incluirá un esfuerzo global de 60.000 millones de euros para recortar el desbocado déficit público francés, de los que más de 40.000 millones provendrán del recorte del gasto y el resto de más impuestos.
El objetivo es que el déficit público se sitúe el año próximo en el 5 % del PIB, desde el 6,1 % con el que cerrará 2024, según las últimas previsiones gubernamentales.
El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, recalcó hoy que el control de las cuentas públicas francesas “es una cuestión de credibilidad internacional y de soberanía” y que los próximos presupuestos se han diseñado “para reforzar la soberanía financiera y nacional del país”.
