Cándido Conde-Pumpido pidió el pasado viernes el «máximo respeto político» antes de que el Tribunal Constitucional aborde la polémica amnistía, que es un fraude de ley sobre la que existe una posición abrumadora sobre su inconstitucionalidad entre los juristas de reconocido prestigio. Al margen de lo que digan los políticos, cabe precisar que Pedro Sánchez y Juan Carlos Campo defendían esa posición, es muy sintomático que en su rechazo coincidan una gran mayoría de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, magistrados del Supremo y de otras instancias, académicos de Jurisprudencia y Legislación, abogados del Estado, letrados de las Cortes Generales y del Consejo de Estado. Es una ley que solo la defienden algunos pseudojuristas o aquellos que están al servicio del sanchismo que se han adherido al cambio de opinión de Sánchez. La petición de Pumpido es extemporánea e incluso estrafalaria, ya que sabe mejor que nadie que el Gobierno ha dado por hecho que será declarada constitucional y lo ha trasladado a sus socios y aliados. Le molesta que duden de su imparcialidad, pero no debería quejarse a los medios de comunicación sino a sus interlocutores gubernamentales.
Por supuesto, sabemos que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Constitucional resuelva». Otra cuestión es que critiquemos lo que será el acto más indigno en la historia de este órgano constitucional. El Gobierno dice que con Pumpido como presidente no hay ningún problema. Es la constatación de que ha perdido toda credibilidad, aunque no cuestiono la legitimidad democrática de los magistrados. Otra cuestión distinta es el mérito y capacidad de algunos de ellos. El respeto es algo que se gana y no parece que puedan tenerlo en el terreno jurídico. Es bueno que Pumpido recuerde que «obra contra la ley quien hace lo que esta prohíbe; y, en fraude de ley, quien salvando sus palabras tergiversa su sentido» (Paulo: Digesto 1, 3, 29). Por tanto, no es un buen jurista quien actúa «contra legem» como harán los magistrados que perpetren con Pumpido un acto de estas características. Está muy bien que parafraseara a García-Pelayo cuando reclamó en 1980 «renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político». Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo si actúa con imparcialidad e independencia del Gobierno.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)
