Ya queda menos para que lleguen las rebajas de verano, que se espera que arranquen, como suele ser habitual cada año, a mediados de junio. Una campaña de descuentos muy esperada por muchos que se convierte en una gran oportunidad de compra antes de emprender las vacaciones estivales. Sin embargo, lo que en principio se presenta como una buena oportunidad, también puede suponer, en ocasiones, un riesgo, debido a las malas prácticas que llevan a cabo algunos negocios, incurriendo en irregularidades y falsos descuentos. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que reforzará la monitorización de precios de productos de venta online de cara a esta temporada estival de rebajas, con el fin de poder detectar posibles fraudes en las ofertas.
El objetivo, tal y como detalla el ministerio, es “velar por los derechos de las personas consumidoras y controlar que las empresas no realicen estas falsas rebajas”. De ser así, según advierten, se abrirán expedientes sancionadores a los operadores que lleven a cabo esta práctica, en relación con compras online.
En esta misma línea, el Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy también ha comunicado que ha abierto expedientes sancionadores a dos grandes operadores de e-commerce por presuntas rebajas engañosas durante la última campaña de Black Friday (un momento en el que muchas tiendas y grandes almacenes presentan rebajas notables en sus artículos para incentivar las compras de los consumidoras en el último fin de semana de noviembre), los cuales se suman a los que ya se abrieron hace dos semanas a otras dos empresas de venta online.
Y es que, en base al artículo 20 de la ley del comercio minorista, cada vez que se oferten artículos con una reducción de precio, deberá constar el precio anterior en cada uno de ellos para poder compararlos correctamente. La ley determina, a su vez, que el precio anterior debe ser el menor aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes. Esto se establece así, precisamente, para poner fin a las rebajas engañosas, evitando que los negocios incrementen el precio de los productos justo antes de la llegada de la temporada de descuentos, para luego rebajarlos a su precio original, mostrándolo como “rebajas”, cuando no son tal cosa realmente.
Así ocurrió en la pasada campaña de Black Friday. En concreto, en la investigación que ha dado lugar a los dos nuevos expedientes mencionados previamente, se detectó que entre el 18 y el 19 de noviembre se ofertaban unas zapatillas deportivas por 29,99 euros, un día después se subió el precio a 48,95, y el 24, coincidiendo con el Black Friday, se volvió a bajar el precio otra vez a los 29,99 euros. “De esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 18,96 euros, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos”, han subrayado.
Dicho de otra manera, si los consumidores no comprobaron los precios anteriores, pensaron entonces que podían adquirir un producto con una rebaja importante, algo que no se correspondería con la realidad ya que su precio se elevó durante los días precedentes.
Lo cierto es que estas prácticas comerciales, en base al Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y también al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, pueden considerarse desleales con los consumidores, suponiendo una infracción grave de la ley en defensa de los mismos que podría acarrear multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Cabe recordar al respecto que la Dirección General de Consumo, dependiente del citado ministerio, realizó una investigación previa en la que recabó información de este tipo de prácticas al considerar que “existían indicios de que dichas operadoras estarían llevando a cabo estas prácticas en sus ventas online“.
Dicha investigación, que se puso en marcha en el mes de octubre de 2023, llevó a cabo la monitorización diaria de 1.140 productos en total, coincidiendo con el Black Friday. Se realizó empleando la herramienta de la Comisión Europea “Price Reduction Tool” y arrojó los siguientes resultados: más de un 20% de los productos analizados presentaron incumplimientos, mientras que un 60% de las empresas investigadas habrían cometido esta práctica fraudulenta.
Ahora, la Dirección General de Consumo ha detallado que aún permanece abierta la investigación a otras empresas, a las que también se les podría abrir un expediente sancionador, ampliando así los cuatro que se encuentran abiertos en la actualidad. Si bien, hay que mencionar que la apertura de dichos expedientes sancionadores no prejuzga el resultado final de la investigación, hay que esperar que el proceso siga su curso. Así, se abre un periodo máximo de nueve meses para la instrucción de los mismos y para que los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030determinen su resolución.
