El Gobierno andaluz inició el pasado martes la tramitación del anteproyecto de ley de universidades. Un texto ambicioso que quiere contribuir a un cambio en el funcionamiento de estas instituciones e introduce varias novedades en materia de transparencia. El objetivo es que la ciudadanía cuente con información objetiva de las funciones que desempeña la universidad como servicio público y permita establecer criterios para la evaluación tanto de los recursos que se entregan al sistema como de los resultados que se obtienen para el conjunto de la sociedad.
Una de las novedades que se plantean es que cada universidad publique en su página web un repositorio accesible en línea, al que podrá acceder cualquier persona, donde se recoja cualquier trabajo conducente a la obtención de un título oficial, incluyendo los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster y las tesis doctorales. En España existen portales web como Teseo, un fichero central de tesis doctorales que depende del Ministerio competente en la materia y que recoge una ficha técnica del trabajo. Eso no significa que cualquiera pueda consultar los trabajos registrados que, en muchos casos, solo se pueden leer en papel en el centro en el que se custodian –así ocurrió, por ejemplo, con la famosa tesis de presidente del Gobierno Pedro Sánchez hasta que decidió «liberarla»–. Con esta iniciativa, Andalucía persigue dotar de más transparencia a la producción universitaria teniendo en cuenta la normativa sobre propiedad intelectual, de derechos de autor y de derechos de reproducción.
No es la única medida encaminada a reforzar la transparencia de las universidades. La futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) establecerá la obligación de que los rectores de las instituciones académicas públicas tengan que rendir cuentas de su actividad ante el Parlamento. Deberán hacerlo cada dos años desde el segundo año del mandato del rector mediante comparecencia ante la comisión con competencias en materia de universidades y tendrán que presentar la memoria de sus acciones, con datos de carácter económico.
Con esta medida, Andalucía se convierte en la primera comunidad que lo legisla en España, ya que actualmente ninguna región impone esa exigencia a sus instituciones académicas.
Igualmente, las universidades públicas mantienen la obligación legal de presentar los números de su ejercicio económico ante la Cámara de Cuentas de Andalucía. Para ello, deberán aprobar sus cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del año económico y enviarlas, dentro del mes siguiente, a la Consejería de Universidad, para su posterior remisión a la Consejería competente en materia de Hacienda y al órgano fiscalizador, junto con la correspondiente memoria, antes del 30 de septiembre. Hay que recordar que recientemente la Cámara de Cuentas emitió un informe de fiscalización sobre las universidades públicas en el que solicitaba, entre otras cuestiones, medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información en materia de contratos y convenios y constaba «cuentas incompletas» de algunas de las instituciones fiscalizadas.
El nuevo marco normativo también pretende que las universidades informen sobre la remuneración y reducción de carga docente de los cargos de gestión universitaria; el número, cuantía y adjudicaciones de los contratos menores; el gasto en publicidad institucional; la información académica y recursos humanos; el presupuesto anual y su ejecución; o la media de sexenios por personal docente e investigador permanente.
Todas estas medidas persiguen reforzar la vinculación de las universidades con el territorio y mejorar la percepción pública de su función social.
