La portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, bautizada como «la Óscar Puente del PSOE-A» por el PP-A, se ha convertido en la principal ejecutora de una estrategia política, posiblemente diseñada desde Ferraz, que tiene el aparente objetivo de limpiar la imagen de los cargos de su partido político condenados por el «caso ERE» y ahora exonerados por el Tribunal Constitucional. En esa legítima labor, Férriz ha optado por lanzarse al barro de las descalificaciones, las medias verdades y las amenazas.
Protegida por la inviolabilidad de las opiniones de los diputados de la Cámara, Férriz acusó ayer directamente a Juanma Moreno de «enviar a socialistas inocentes a la cárcel», cuando el hoy presidente de la Junta inició su etapa en la oposición con José Antonio Griñán ya dimitido por el escándalo de los ERE irregulares. El portavoz del PP-A, Toni Martín, lo calificó de «vergonzoso». «Son los jueces los que dictan sentencia. Señores, es la justicia», añadió, antes de esgrimir que el problema del PSOE es «no saber diferenciar los poderes del Estado».
Férriz, que horas más tarde tuvo un desagradable enfrentamiento con el consejero de Turismo durante el Pleno en el que se permitió el lujo de dar lecciones sobre quién puede ser consejero de Cultura, lanzó un largo discurso en el que vino a concluir que el «caso ERE» fue una invención del PP y que los «honestos, honrados e inocentes» dirigentes socialistas se limitaron a repartir 680 millones de euros entre «familias vulnerables» por lo que «fueron injustamente metidos en la cárcel».
Según Férriz, su partido trabaja en presentar querellas contra representantes del PP y del Gobierno andaluz que lo acusen de que robaran dinero público e instó a los populares a que «se laven sus sucias bocas porque la mugre acumulada es mucha». En esa línea, la portavoz parlamentaria insistió en acusar a al PP-A de haber «cabalgado a lomos de una gran mentira (…)». «Ellos fueron a por los socialistas, a por el Gobierno de Andalucía», agregó, recurriendo al «juego sucio» para «ganar lo que no habían podido en las urnas».
«Juanma Moreno llegó a convertirse en presidente de la Junta gracias a esa cacería política, jurídica y mediática que montaron; alguien que es capaz de meter a gente inocente en la cárcel a sabiendas de que es inocente es una mala persona», añadió Férriz.
El PSOE-A aún no ha presentado ninguna de las querellas que viene anunciando. «Ni a mí ni a nadie de mi partido nos va a asustar que digan que se van a querellar por denunciar el mayor caso de corrupción de la historia», respondió el portavoz del PP, que afeó que desde el PSOE minimicen las cantidades que fueron a «amiguetes, familiares, militantes, sindicalistas». «Fueron ochenta señores los que se hicieron millonarios por la cara por tener el carné, por ser familiares o ser sindicalistas afines al PSOE», recordó.
«Se puede cambiar la sentencia, pero no se puede cambiar la verdad: sucesivos gobiernos socialistas consintieron que 680 millones de euros de dinero público destinados a parados andaluces se repartieran de forma absolutamente discrecional y al margen de cualquier control administrativo y legal», agregó.
Martín definió la decisión del Tribunal Constitucional como «sorprendente, polémica, y discutible» y ante las «gruesas palabras» de Férriz –«insulta, descalifica y falta al respeto»–el PP está «en la moderación, en la sensatez, en el diálogo y en la mano tendida, esperando que alguien acepte esa invitación al consenso y al diálogo que no ha sido posible estos dos años».
Igualmente, pidió «respeto» al trabajo y a las decisiones de todos los funcionarios públicos que intervinieron en la investigación y en el procedimiento judicial del caso ERE. «He visto a los socialistas darse golpes de pecho y hacerse los ofendidos por el hecho de que una persona que ha formado parte de un gobierno autonómico se reincorpore a una actividad privada, pero les parece muy normal que alguien que ha sido tres legislaturas diputado en este Parlamento, ministro de Justicia, director general de la Junta con Chaves, secretario de Estado con Zapatero y director general de la Junta de Andalucía de nuevo con Susana Díaz, pueda formar parte hoy del Constitucional y votar exonerando de delitos a personas de gobiernos de los que él ha formado parte», dijo Martín, en referencia al magistrado Juan Carlos Campo.
«A partir de este momento, cualquier Gobierno autonómico o el Gobierno de España podrá incluir en sus presupuestos una partida, que luego podrá ser discrecionalmente repartida desde el gobierno sin el más mínimo control administrativo y legal. Y no será delito», lamentó, puntualizando que «no me extraña nada que haya causado estupor en ámbitos judiciales», mientras recordó que «nunca el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son a propuesta política, había decidido revisar de esta manera decisiones de la Justicia ordinaria, cuyos miembros no son a propuesta política».
