Sentencias ejemplares como la del caso Vinicus, la primera condenatoria por insultos racistas en un campo de fútbol, «demuestran que las cosas están cambiando, que hay una mayor conciencia social, que la libertad de expresión tiene límites cuando toca a la dignidad de las personas», apunta Carmen Santigo, abogada y presidenta de la fundación Kamira, uno de los organizadores del Congreso de Delitos de Odio junto con el Colegio de Abogados de Málaga, celebrado ayer.
En este congreso se puso sobre la mesa el aumento de este tipo de delitos en un 33% el año pasado y también de sus detenidos en un 40%. «Es difícil determinar si las denuncias han aumentado porque hay mas situaciones de este tipo o porque hay una mayor conciencia», dice Santiago. Pero ella, desde su experiencia, considera que el factor determinante ha sido la especialización de la Justicia en este tipo de delitos, con la creación de los turnos de oficio especializados en Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga, la formación de abogados y fiscales y la puesta en marcha de unidades especializadas dentro de la Policía para combatir estos delitos.
«Cuando yo empecé como abogada apenas existía jusrisprudencia y ahora van aumentando las denuncias y las entencias condenatorias», incide la presidenta de Kamira. No obstante, advierte del camino que queda por recorrer, ya que se estima que solo se denuncia el 10% de los casos.
Los datos estadísticos registran un aumento de denuncias por LGTBI fobia, porque sus víctimas «son más visibles ahora para los intolerantes, antes estaban dentro del armario», subrayó por su parte el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, quien aclaró que, «al contrario de lo que se piensa, este tipo de delitos no están cometidos en su mayoría por personas radicalizadas».
En el Congreso también se incidió en el impacto de las redes sociales en este tipo de delitos. Según el fiscal, «cuando suceden en internet y redes sociales suelen llevar a cometer delitos en un espacio físico».
«Tienen gravísimas consecuencias, en cuestión de segundos los delitos de odio a través de las redes llegan a muchísima gente y permanecen en el tiempo. Si no se combaten van construyendo un imaginario colectivo no real con respecto a los afectados», indicó Carmen Santiago. En este ámbito, destaca la implicación de las administraciones con la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, «que, por ejemplo, hace responsable al usuario de los delitos de odio que se expresen en sus perfiles si no los elimina» y la creación de la figura de los «comunicantes fiables» junto con las principales empresas tecnológicas para filtrar los contenidos constitutivos de delito.
«Muchos delitos de odio se producen en las redes porque los sujetos se sienten amparados por el anonimato y los perfiles falsos. Esa aparente impunidad, anima a poner barbaridades en las redes y por eso tiene que haber organismos que velen por los contenidos que se suben», insiste la presidenta de la Fundación Kamira.
Esta abogada teme que con el aumento del discurso ultra ante el auge de la extrema derecha en Europa crezcan los delitos de odio contra los inmigrantes, personas homosexuales o colectivos como la comunidad gitana. «Es preocupante, porque incluso algunos políticos ya han sido condenados por ello».
