Agentes de Policía Nacional de Valladolid han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, el pasado 27 de septiembre. En el marco de las funciones que tiene encomendadas la Policía Nacional, se hallan entre otras la investigación y la lucha contra la explotación laboral y el empleo irregular.
A raíz de informaciones recibidas y fruto de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, se inicia una investigación en la que se detecta a un empresario español, dedicado a la explotación de fincas agrícolas para terceros, proporcionando mano de obra para las labores agrarias.
La Policía Nacional realiza diversas gestiones operativas de investigación que permitieron confirmar la existencia de, al menos cuatro trabajadores, en situación de necesidad y vulnerabilidad que habrían sido explotados laboralmente por el empresario detenido.
Se realizó una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid siendo localizados cinco trabajadores en fincas agrícolas del detenido en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud.
En relación a las condiciones laborales impuestas a las víctimas y que podrían considerarse de explotación laboral, las mismas consistían en jornadas de más de 10 horas diarias de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni días libres. Obligados a faenar aún encontrándose enfermos, ausencia de contrato laboral y alta en la Seguridad Social, trabajando por un salario de 7 euros la hora.
Por tanto este empresario agrícola se nutría de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular como mano de obra, a quienes engañaba con falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España y que nunca llega a formalizar, a pesar de que los trabajadores extranjeros llevaban varios años prestando servicios para el detenido.
Los trabajadores explotados son ciudadanos extranjeros en situación especialmente vulnerable. Su situación administrativa les imposibilita acceder al mercado laboral, además tienen familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos, por todo ello se ven abocados a aceptar las condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que les son impuestas.
El empresario detenido también les proporcionaba alojamiento y transporte al campo, debiendo entregar diferentes sumas de dinero al empresario como contraprestación, así de un salario de 7 euros la hora, les descontaba 200 euros mensuales por persona por darles alojamiento en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción, llegando a pernoctar hasta 15 individuos en temporada alta. Además les descontaba 2,50 euros diarios por persona en concepto de transporte.
A pesar de tratarse de un salario ínfimo, y de que al carecer de cotizaciones y tributaciones obligatorias, el empresario aumentaba exponencialmente su ganancia personal, no llegaba a abonar a los jornaleros lo adeudado, ya que llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión del presunto contrato laboral que el empresario les iba a facilitar para regularizar su situación en España.
