En abril de 2018, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura pidió al Ayuntamiento de Cañaveral (Cáceres) la retirada de una placa instalada en la fachada de la iglesia de la localidad, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ya había precedentes cuando en 2015 la asociación consiguió que se atendiera idéntica reclamación en Piornal y Navaconcejo, en aplicación de la Ley 52/2007. Porque, defendía, una inscripción así «hiere la sensibilidad democrática» y un espacio público «no puede albergar expresiones contrarias a los valores de una sociedad democrática».
La placa de Cañaveral es otra más de las que tienen su origen en un decreto franquista: «En los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga el nombre de José Antonio y en su caso los nombres de sus caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista». Con la llegada de la democracia muchas fueron trasladadas a los cementerios. Después, la Ley de Memoria Histórica provocó el desmantelamiento e incluso la eliminación de la mayoría. La que se encontraba en la fachada de la iglesia de Santa Marina del municipio de la Vía de la Plata fue desmantelada el 9 de abril a instancias del párroco, Miguel Ángel Morán Manzano, por requerimiento del ayuntamiento del PSOE apelando a la Ley de Memoria Democrática.
Lo que ha molestado especialmente a algunos vecinos es que la placa fuera reducida a escombros. Aunque el sacerdote asegura a LA RAZÓN que la feligresía «ha sido muy comprensiva», otros no lo ven así, e incluso creen que una carta que publicó en la web parroquial –«a los tres días, no la pude hacer antes, pero se tenía que dar una explicación y la comunidad somos todos»– es motivo de mayor enojo. «Eran hombres del pueblo que murieron en combate para defender a la Iglesia, entre otras cosas. Ante la protesta ha publicado un comunicado cobarde y mentiroso. Porque habla de “retirada”, cuando la han destrozado», denuncian. Así, la cañaveraliega Julia Flores cree que «se tenía que haber quitado de otra manera; no de día y a martillazos; se descuelga y se pone en otro sitio, o se tapa. Las leyes son las leyes y hay que cumplirlas, pero malamente lo han hecho, a mi entender».
Su marido, Ubaldo Hernández, dice tener «implicación sentimental», porque conoce a familiares y descendientes de los protagonistas en la relación conmemorativa. Exige «honor a los caídos del bando nacional. El que murió en la guerra no tiene más honra funeraria que esa; hay quienes no saben dónde están enterrados, si los quemaron con gasolina o fueron a una fosa común. Es una falta de respeto lo que se ha hecho. Se habría podido descolgar, dársela a quien la solicitara o taparla con cemento para que dentro de 3.000 años la encuentre otra civilización y tenga una página de la historia. Pero se ha optado por destruirla de forma poco ortodoxa. Y después el señor párroco escribió que la ley está para cumplirla. Estoy seguro de que si los Evangelistas no se hubieran saltado las leyes que marcaba Roma, hoy no existía la Iglesia católica». Considera Hernández que se ha «mutilado la historia» y atestigua «comentarios de unos y otros; los que están a favor se han quejado de que a ellos no se les han hecho placas, pero ya han tenido tiempo desde que se implantó la democracia hace 50 años, ¿no?».
Otra vecina que prefiere anonimato asegura que le «hubiera gustado que se hiciera de otra forma». Y no desea «entrar en polémica», aunque piensa que «la tenían que haber puesto en otro sitio, pese a que el responsable lo habrá hecho sin intención». «Estábamos acostumbrados», apostilla con resignación, «ahora miramos y no está».
El párroco, antiguo rector del Seminario Diocesano de Coria que lleva dos años en Cañaveral, remite a la carta, «donde se dan todas las razones», pero explica a este diario que, dentro de la restauración de «toda la parte de la parroquia afectada por el terremoto de Lisboa de 1755» se aprovechó para acometer la tarea pendiente, porque «la ley es la ley». Afirma haber pedido a los trabajadores que «se sacara la placa entera, pero me dijeron que detrás había mortero de cemento, que se endurece muchísimo, y era imposible incluso en pedazos grandes; ante el requerimiento municipal lo teníamos que quitar sí o sí y optamos por que se sacara lo más rota posible para que nadie pudiera llevarse un trozo, que sería peor».
Miguel Ángel Morán asegura que «la gente está muy conforme, ha visto con transparencia que no nos ha quedado más remedio. Ha sido muy comprensiva, por mayoría aplastante; después están las opiniones de cada uno. Yo también tengo la mía, pero no la voy a decir como pastor. La ley hay que cumplirla, y ya está».
El religioso defiende su proceder. «No entiendo de política, yo entiendo de ley. Soy el sacerdote de todos, y tengo feligreses de todo tipo de ideas». Pero especialmente se apoya en un argumento: «Era el segundo requerimiento. Me decían que podría haber una multa de hasta 150.000 euros. Como responsable de la parroquia no puedo asumir eso. La rehabilitación de la portada y de las puertas nos ha costado 13.000 euros, con un gran sacrificio de todos. Imagínese una sanción de 15.000, que es la mínima» [en realidad, el baremo de las infracciones graves –«incumplimiento (…) de la retirada de simbología de exaltación de la dictadura franquista»–, va de 2.001 a 10.000 euros de sanción, y si se estipula como muy grave –en ambos casos «cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares»– oscila entre 10.001 y 150.000 euros, según el artículo 63 de la Ley de Memoria].
Lo que ya no tiene remedio es la placa. En lugares como La Roda (Albacete), donde se quitó también en virtud de la normativa legal, el ayuntamiento se va a encargar de restaurar la pieza para ubicarla en la cripta de la misma iglesia del Salvador donde se encontraba. En Cañaveral, donde los partidos de izquierda y de derecha convivieron en sintonía durante la Guerra Civil, según el investigador local Jesús Chaves, el recuerdo en piedra ya es pasado. Su sacerdote ha tenido en cuenta que «más allá de las multas, el incumplimiento puede tener un impacto negativo en la reputación de la Iglesia como entidad que respeta el orden establecido».
