El 28 de septiembre de 2012 una riada acabó con la desaladora de Villaricos, ubicada en zona inundable en la comarca del Bajo Almanzora de Almería. Doce años después y pese a «una situación límite y muy preocupante», para Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios de la zona, sigue sin «saberse una fecha final para los trabajos de reparación» de la estructura.
«Han sido años de falsas promesas, de engaños, de continuos incumplimientos por parte del Ministerio de Transición Ecológica», denunció Rubio a LA RAZÓN, ante una sequía agravada por el «corte del suministro del trasvase del Negratín-Almanzora hace tres años» que «esta infraestructura podría haber aliviado, al menos en parte». Por ello, desde el colectivo se hace «un llamamiento para que la ‘planta de la vergüenza’ se ponga en marcha lo antes posible», ante la pérdida de hasta 50.000 hectáreas de regadío en la comarca. Por su parte, el presidente de Aguas del Almanzora, José Caparrós, señaló que «se nos acaban los calificativos para describir el daño perpetrado por los retrasos absolutamente injustificados en la reparación de la desaladora”. En este sentido, lamentó que los “procedimientos administrativos son infinitos y aquí no ha habido ningún interés, no somos relevantes para ellos». «Esto no es más que otra muestra de la poca o nula importancia que le da la administración a un sector como el nuestro, un sector estratégico como es la agricultura», apreció Caparrós.
También la Mesa del Agua de Almería, que engloba a los agentes sociales y económicos vinculados al riego de la provincia, consideró que «no se pueden admitir más retrasos ni más excusas para ponerla en marcha». Su portavoz, José Antonio Fernández, apuntó la necesidad de «conocer un cronograma detallado del estado de las obras correspondientes al Gobierno de España, como también se realiza con la Junta de Andalucía». Y es que la empresa pública Acuamed adjudicó a Sacyr el contrato para la redacción del proyecto , ejecución de las obras de reparación y posterior puesta en marcha de la planta desaladora en febrero de 2022, pero se vio interrumpido tras haberse descubierto hasta tres roturas más no detectadas en la tubería del inmisario.
Según justificó Acuamed, «no podían ser detectadas y valoradas por la empresa adjudicataria, ni por ninguna otra en el momento de la licitación, por tratarse de una zona submarina que no era susceptible de inspeccionar». Sin embargo, dichas averías debían «ser reparadas para que la planta desaladora pueda operar correctamente», por lo que el pasado mes de febrero de 2024 se autorizó a la empresa de transformación agraria terminar la protección de la desaladora del Bajo Almanzora por un importe total de 17.898.407,87 euros y como complemento al otro proyecto adjudicado por 5,5 millones de euros. Aunque estos trabajos tendrían un plazo de ejecución de 14 meses, la última respuesta parlamentaria al respecto fue que el proyecto se encontraría aún «en fase de supervisión».
No obstante, el secretario general del PSOE en Almería, Juan Antonio Lorenzo, aseguró que «en un año y medio esa desaladora puede estar dando quince hectómetros cúbicos más a la comarca del Almanzora» y que «dará otros cinco hectómetros de agua más con una serie de arreglos». El diputado nacional socialista refirió el «compromiso del Estado con unas obras que llevan mucho tiempo dando tumbos, que se iniciaron hace dos años con la protección de la instalación y que continúa en estos momentos con la reparación» para su correcto funcionamiento. Además, avanzó que «el Gobierno tiene en marcha la ampliación de la planta de Carboneras con el apoyo energético de placas solares», así como la de «la desaladora de Dalías» y también «la construcción de una nueva instalación en el Almanzora, muy próxima a la de Villaricos, con una inversión adicional de 100 millones de euros en desalación para Almería y Málaga». Además, convencido de la importancia de que «Almería pueda producir su propia agua», Lorenzo declaró que «apostar por esta vía en lugar de los trasvases evitará que dependamos de los caudales del Tajo y del Negratín»,
En la misma línea se pronunció al respecto el subdelegado de Gobierno, José María Martín, revelando que «el Gobierno está invirtiendo una gran cantidad de dinero para que los actuales 72 hectómetros cúbicos de agua desalada aumenten hasta los 100 en los próximos años» y recordando que «la desalación está subvencionada» por el Ejecutivo para que «los agricultores no tengan que pagar el coste real de la producción de agua».
