«Las formaciones firmantes nos reclamamos herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación y la voluntad colectiva de hacer avanzar el país y construir un futuro mejor sobre la base de la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente». Así reza el primer párrafo del preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC que hará posible la investidura de Salvador Illa si las bases republicanas lo refrendan el viernes.
Una vez aprobado, Illa comunicará al presidente del Parlament su voluntad de presentarse a la investidura, quien realizará una ronda de contactos con las fuerzas parlamentarias y someterá la presentación del candidato a los 23 miembros de la Diputación Permanente, que deberá aprobarlo por mayoría absoluta. El margen de Puigdemont para presentarse a la investidura se cierra totalmente, porque no tiene los votos suficientes en la Diputación Permanente y porque el presidente del Parlament de Junts, Josep Rull, no tiene opción para dilatar la investidura de Illa. Rull convocará el pleno en 48 horas, por lo que el miércoles 7 intervendría el candidato y el 8 se votaría su investidura.
Para llegar a este punto, PSC y ERC han cerrado un preacuerdo de 25 páginas sobre el «conflicto político», una financiación singular que avance hacia la «plena soberanía fiscal», reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña y asegurar la continuidad de políticas públicas que garanticen el impulso del sistema productivo y la mejora de los servicios públicos. Un acuerdo que «hace avanzar a Cataluña» y necesario para «rehacer la confianza entre el independentismo de izquierdas y el federalismo, conscientes de que se está lejos de un acuerdo que conlleve la posibilidad de un camino compartido de largo recorrido». Estos son los puntos destacados del mismo:
Resolución del conflicto
Se creará una Convención Nacional para la resolución del «conflicto político». Estará presidida por ERC y su grupo impulsor, por los representantes de las fuerzas parlamentarias, que presentarán sus conclusiones en el Parlament y monitorizarán la aplicación de la Ley de Amnistía. Es la primera vez que el «conflicto» se debatirá en el ámbito exclusivamente catalán. Hasta ahora, el independentismo se había arrogado la voz de Cataluña y lo trataba con el Estado.
Financiación Singular
PSC y ERC comparten diagnóstico: «Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los diversos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas», afirma el texto. Y a partir de ahora, también comparten el tratamiento con un cambio radical de modelo de financiación basado en «la singularidad y la bilateralidad», en el que será la Generalitat «la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE».
Este cambio se sustentará en la Agencia Tributaria Catalana y en el Estatuto de Autonomía, validado por el Tribunal Constitucional, que en sus artículos 204 y 205 le reconoce la competencia para asumir la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos que ahora gestiona la Agencia Tributaria Estatal. Una vez recaudados los impuestos, la Generalitat pagará al Estado el coste de los servicios que presta en Cataluña y, a diferencia del cupo vasco, realizará una aportación de solidaridad a la caja común de todas las comunidades, limitada «por el principio de ordinalidad».
El preacuerdo tiene como objetivo implementar el nuevo sistema de financiación «en el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado», y en este año se impulsarán las modificaciones legislativas necesarias, es decir, cambios en la LOFCA que requerirán mayorías suficientes. En este caso, será imprescindible el apoyo de Junts, principal damnificado del pacto.
ERC y PSC son conscientes de que se abre un periodo de transitoriedad que se centrará en incrementar los recursos para compensar los desequilibrios actuales, aplicar el principio de ordinalidad haciendo compatible lo que se aporta con lo que se recibe, seguir aportando cuota de solidaridad, tener en cuenta que las competencias autonómicas no son homogéneas y crear un consorcio Estado-Generalitat para monitorizar las inversiones en Cataluña. Este punto es una tradicional reivindicación de Foment del Treball, la patronal catalana, con el objetivo de evitar el desfase anual entre presupuesto previsto y ejecutado.
Cataluña y su lengua propia
Se creará una Consejería de Política Lingüística y se ejecutará el Pacto por la Lengua para paliar el retroceso del uso social de la lengua catalana, con especial atención a la educación.
Aeropuerto de El Prat
Se abre la puerta a la ampliación del aeropuerto de Barcelona «para corregir la excesiva especialización en vuelos cortos y en favor de una mayor conectividad de largo radio». El preacuerdo insta a la colaboración Estado-Generalitat y al consenso territorial con respeto a la biodiversidad. Se acuerda la creación de un Consejo Rector Aeroportuario y una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña responsable del nuevo papel de la Generalitat en el modelo de gobernanza de los aeropuertos.
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