La salida de José Luis Escrivá hacia el sillón de mando del Banco de España ha obligado al presidente del Gobierno a hacer la segunda reestructuración de su gabinete económico tras la salida de la ex ministra de Economía, Nadia Calviño, a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. En el primer cambio de cromos asumió la cartera económica Carlos Cuerpo y, ahora, la titularidad del Ministerio de Transformación Digital y Función Publica que se queda en blanco será asumida por Óscar López, hasta ahora jefe de Gabinete del presidente del Gobierno. Sánchez no ha querido hacer experimentos y ha cubierto el puesto con una persona de amplia trayectoria en el partido –llegó a ocupar la Secretaría de Organización del PSOE– y que goza de su absoluta confianza.
Pero la reorganización no se queda aquí. La inminente marcha a Bruselas de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para integrarse en el nuevo ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen, obligará al presidente a una nueva remodelación en su Gobierno. Ayer mismo, Ribera se entrevistó con la presidenta de la Comisión Europea en Bruselas para hablar sobre sus futuras responsabilidades en el Colegio de Comisarios y confía en poder aclarar «en una semana» cuáles son los «desafíos y responsabilidades» que le encomienda. Ribera aseguró que seguirá trabajando «hasta que el presidente considere» que es oportuna su salida del Gobierno.
En cuanto a Óscar López, tendrá que enfrentarse a los innumerables retos que le deja pendiente la salida de Escrivá. Uno de los más inmediatos será la reordenación del espectro radioeléctrico provocada por la fusión entre Orange y MásMóvil, que les ha generado un excedente de frecuencias en la banda de 3,5 GHz, de la que tienen que desprenderse para cumplir las exigencias comunitarias. y deberá hacerse este mismo mes de septiembre. Otra de las actuaciones previstas es dar un impulso definitivo al Programa Único-Banda Ancha, financiado por los fondos NextGeneration.
En Función Pública, los sindicatos exigen que el Gobierno apruebe cuanto antes una Oferta de Empleo Público para 2025, que se elimine la tasa de reposición y que se acabe con la temporalidad del 30% del sector público, el doble que en el sector privado. También reclaman un nuevo acuerdo salarial, culminar los procesos de estabilización en las administraciones públicas, implantar la jornada de 35 horas y el desarrollo de la Ley de Función Pública.
