Las tensiones que sufre la Justicia no son exclusivamente hispanas. En estas páginas me he referido a Hungría, alejada de los estándares europeos para considerar a un país de la Unión como democrático en cuanto al control del poder y el equilibrio entre poderes. Más intenso ha sido el caso polaco, tanto que las instituciones europeas consideraron que sus reformas judiciales violaban el principio de la supremacía del Derecho europeo y permitirían al poder político controlar la Justicia.
También he hablado de Israel. Tras la anulación del nombramiento de un ministro ultraortodoxo, el Gobierno reaccionó con una reforma pretextando que la Justicia interfiere en la legislación, está sesgada hacia planteamientos liberales y, además, no es democrática la forma de seleccionar a los jueces, luego hay que llevar jueces próximos al poder a la Corte Suprema, que aúna competencias propias de un tribunal constitucional. El ataque de Hamás y la guerra de Gaza han hecho que la reforma pasase a un segundo plano.
Ni Estados Unidos se libra. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que rectificó su doctrina sobre el aborto, Biden propuso nutrirlo con jueces de su cuerda, ya lo intentó Roosevelt en 1937, cuando el Tribunal le anulaba normas que aplicaban su New Deal, y fracasó. Ahora todo ha quedado en un calentón. Y para concluir este periplo vamos a México. Los desencuentros entre la Justicia y el gobierno han llevado a planear la destitución de todos los jueces federales, unos mil seiscientos, para elegirlos mediante voto popular.
Cada país gestionará a su modo sus problemas y dramas y estos casos tienen tantos matices que no puedo abordar, pero hay un denominador común: la pugna entre la Justicia y un poder político que lleva muy mal que los jueces le contraríen, y su reacción es asegurarse una Justicia propicia, que no estorbe ni le cuestione. Esto no es novedoso, pero si ahondamos veremos un fenómeno que trasciende a hechos puntuales y se atisba una razón más profunda: la crisis en el entendimiento de lo que es y significa el Derecho en sociedades cada vez más enfrentadas por el afán e imponer un pensamiento único.
El siguiente paso es inevitable: ¿y España? Creo innecesario narrarles lo que llevamos viviendo desde hace demasiados años y que se va acentuando: basta una lectura –incluso superficial– de la prensa para deducir la amenaza cierta de que se entierre el sistema constitucional basado en el principio de separación de poderes e independencia judicial. En este contexto es preciso referirse al reciente pacto entre PP y el gobierno para renovar al Consejo General del Poder Judicial, con la medicación de la Unión Europea, y que va acompañado de una proposición de ley para «reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial».
Sólo dos ideas. La primera, cómo se ha pactado la renovación del Consejo ha mostrado que ya los dos partidos, sin complejo alguno, actúan desde la inconstitucionalidad: con las Cortes arrumbadas y sus respectivos Grupos parlamentarios ejerciendo de comparsas, los protagonistas del proceso han sido el Gobierno y el PP, justo lo que dijo el Tribunal Constitucional –allá, en 1985– que no se podía hacer y lo dijo para salvar la constitucionalidad del vigente sistema de elección parlamentaria del Consejo.
Pero vamos al resultado. Sí admito que, al menos, los nombres de los propuestos son, en general, razonables y aplaudo que se cayesen candidatos tóxicos, radicales e ideologizados: sólo lograrlo habría merecido el escándalo del bloqueo. Pero tal éxito se oscurece porque otros de análoga significación controlan el Tribunal Constitucional, que es la calve: ahí nos jugamos que España sea reconocible como una democracia, un Estado de Derecho.
Y la segunda parte del pacto, la reforma judicial. Como la política es el arte de lo posible, se habrá llegado hasta donde era posible, a base de cesiones y todos contentos: Bruselas con su mediación y los dos partidos por salir del atolladero. Se ha pactado que el nuevo Consejo proponga un sistema para que el siguiente lo elijan los jueces. Hasta aquí bien. Pero en la proposición hay tres palabras clave: «en su caso». Es decir, se pacta que el Consejo proponga un sistema para que los jueces elijan al Consejo y lo remita a las Cortes que, «en su caso», lo debatirá y aprobará. Luego quizás sí, quizás no.
No cuestiono la soberanía del Legislativo, pero esas tres palabras permitirían mantener el sistema de elección política, objetivo del PSOE. También del PP porque pudo, pero no lo cambió. Ahora, si esa reforma no sale, podría pretextar «yo quise, pero los otros no». Y pregunto, de gobernar ¿cambiaría algo? La experiencia no dice mucho a su favor, y es que la política será el arte de lo posible, a ello se ha llegado, pero también es el arte de la trampa.
