El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, ha condenado al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones de euros en concepto de compensaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos ubicados en Serra Gelada por la protección del lugar, al ser declarado Parque Natural en 2005. A esta cantidad, se le han de sumar además 50 millones en concepto de intereses, por lo que, en total, tendrá que pagar 333 millones de euros.
La sentencia condena al Ayuntamiento por incumplir los convenios urbanísticos por los cuales el Consistorio, ante la inminencia de la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural y protegido, se comprometió a compensar a los dueños con suelo en otras zonas del municipio. Tras conocer la sentencia, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha anunciado, en una rueda de prensa, que el Ayuntamiento pedirá una aclaración de la sentencia que, además, recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Los terrenos, de un total de 494.414 metros cuadrados, están comprendidos dentro del actual Parque Natural de la Serra Gelada, pero en 1963 eran terrenos calificados como suelo urbano. En 1982 el proyecto de delimitación urbana ordenó las zonas X, Y, Z y la zona especial, y en 1988, con el proyecto de revisión de PGOU se creó la APR-7. No obstante, la APR-7 nunca fue aprobada como suelo urbano, estando suspendida su aprobación por resolución confirmada por TSJCV 11 de enero de 1999, ya que la Generalitat tramitó un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en pleno un convenio el 25 de abril de 2003, con el popular Vicente Pérez Devesa al frente, que desclasificaba el suelo de Serra Gelada a cambio de compensar a sus propietarios por el aprovechamiento urbanístico en dicha zona por su valor monetario o en terrenos en otras partes del municipio.
Ahora, la sección primera de la sala del Contencioso-Administrativo del TSJ da la razón a los dueños de los terrenos: Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, ambos representados por el bufete Domingo Monforte Abogados Asociados, y revoca la sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, condenado al Ayuntamiento de Benidorm al pago de 283.055.720,12 euros más intereses legales, calculados en unos 50 millones de euros.
“Mensaje de tranquilidad”
Al comparecer ante los medios de comunicación, Pérez ha concretado que los servicios jurídicos municipales van a solicitar al TSJCV una aclaración de la sentencia, para lo cual hay un plazo de dos días hábiles a contar a partir de hoy, cuando se ha notificado a efectos legales. El siguiente paso será la interposición de un recurso de casación, con el claro y único objetivo de “seguir defendiendo el interés general como hemos hecho desde que este equipo llegó al gobierno local en el año 2015 en relación a este asunto”, como ha destacado el primer edil.
La sentencia responde al recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes en base a esos convenios, la misma sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante sostenía, no obstante, que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm, una cantidad que, tal y como ha destacado hoy el primer edil, “fue asumida –por el Ayuntamiento– y consignada desde que se tuvo conocimiento” de la misma.
En su comparecencia, el alcalde ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía. “Aquí hay un gobierno muy responsable, muy eficaz y que trabaja y se deja la piel en la defensa del interés general de los benidormenses, como vamos a seguir haciendo, desde el máximo respeto siempre a la Justicia”, ha dicho. Asimismo, ha recordado que “hasta ahora, todas las sentencias y pronunciamientos jurídicos habían ido en el camino de dar la razón a la postura que ha mantenido el Ayuntamiento” y ha expresado su “convicción de que esto no tiene espacio para la política, sino para la gestión, para defender el modelo Benidorm y seguir apostando por proteger nuestro territorio y también nuestro planeta”.
Por este motivo, Toni Pérez ha reconocido que la sentencia, que firman tres magistradas del TSJ, “supone un claro revés” para el municipio tanto en lo jurídico como en lo económico, “pero vamos a trabajar por defender y por recuperar la razón que hasta ahora siempre nos habían dado los tribunales”.
El importe equivale a tres presupuestos municipales
Sobre el alcance económico del fallo, Pérez ha destacado que esta indemnización, más sus intereses legales, se corresponderían “prácticamente con tres presupuestos municipales completos” y ha confesado “no conocer ninguna otra sentencia que pueda infligir un golpe así a un ayuntamiento” a pesar de tratarse de una cuestión “que no afecta solo al ámbito municipal”. “Estamos hablando de un suelo que forma parte de un Parque Natural y que, impidiendo la construcción, ofrecemos como espacio verde y protegido a tantos y tantos millones de personas que vienen aquí para ser felices”, por lo que ha considerado que “a lo mejor tiene que ser una cuestión de Estado, al igual que muchas administraciones que adquieren muchísimo suelo en muchísimos sitios para hacer cosas”.
Por último, el primer edil ha apelado a “la responsabilidad y la altura de miras” y ha asegurado que el gobierno del Partido Popular va a seguir “firme en la defensa de un modelo como es el modelo Benidorm, que tanta satisfacción da a quienes vivimos, a quienes viven en nuestro entorno y a quienes nos visitan”.
