Los últimos días nos han dejado tres noticias con importantes repercusiones para el campo español, bien con carácter general o para alguno de sus sectores señeros: el retraso en la aplicación de la norma sobre deforestación importada y las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Mercosur; la votación sobre los aranceles a la entrada de coches eléctricos chinos, que continuarán aplicándose, con la posibilidad de represalias para el porcino de nuestro país y, finalmente, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en relación con los productos agrarios y pesqueros procedentes del antiguo Sáhara español y su entrada en el mercado comunitario. A todo lo anterior, podría añadirse otro más, como es la evolución del mercado de cereales, que está al alza, por causas climatológicas y por la mayor inestabilidad en Oriente Medio y en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Por partes. La Comisión Europea ha propuesto retrasar un año la nueva normativa sobre deforestación importada. La aplicación de esas reglas, consistentes en prohibir la entrada de productos agrícolas procedentes de zonas deforestadas de terceros países, principalmente de Brasil, podría haber provocado importantes problemas de abastecimiento en el mercado interior español de soja, por ejemplo, poniendo en riesgo la alimentación de la cabaña ganadera intensiva. Sin embargo, esas nuevas normas no se habían concretado todavía y se desconocía a que zonas afectaría esa prohibición. Eso, por un lado. Por otro, destaca el hecho de que los países miembros de Mercosur, entre los más perjudicados, rechazaban de plano esa nueva norma, justo en los mismos momentos en los que se pretende cerrar el acuerdo entre ambas partes, que lleva negociándose desde hace cerca de dos décadas. Durante los últimos días se han registrado diversas declaraciones de mandatarios importantes, como el canciller alemán o el presidente de Brasil, a favor de acabar este acuerdo, algo impensable con esas reglas sobre deforestación importada aplicándose.
Además, hay otra serie de países que habían avisado de que acudirían ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar a la UE. Total, de momento, un retraso de un año, hasta 2026 y ya veremos con la llegada de la nueva Comisión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez es, junto al alemán, firme partidario de cerrar este pacto, a pesar de que es rechazado de plano por una parte importante del sector agrario español. Por el contrario, Francia figura a la cabeza de los que se oponen
Asunto China. Los Estados miembros de la UE decidieron en la votación que tuvo lugar el viernes mantener la aplicación de aranceles a la entrada de coches eléctricos procedentes de este país, apoyando así las tesis de la Comisión Europea. España, que hace unos meses votó a favor de esta medida, ha cambiado su posición y se abstuvo; por medio ha estado el viaje de Pedro Sánchez a Pekín y la posibilidad de que el Gobierno chino aplique a su vez medidas de represalia que terminen afectado a las exportaciones de carne de porcino y, sobre todo, despojos a este país, que es nuestro principal cliente. Y ya hay abierta una investigación antidumping. La preocupación en el sector porcino español es muy grande, porque si se ponen dificultades a la entrada de carne y despojos en territorio chino, podría registrase una crisis significativa en el mercado interno, con caídas en las cotizaciones.
Finalmente, el Tribunal de Justicia de la UE ha emitido dos sentencias, anunciadas el pasado viernes, que ponen en cuestión partes muy importantes de los acuerdos comerciales vigentes desde 2019 en lo que respecta a los capítulos agrario y pesquero. Por la primera de ellas se anulan las partes aplicables al Sáhara Occidental. Los acuerdos de 2019 ampliaban expresamente el trato arancelario preferencial otorgado en el Acuerdo de Asociación con Marruecos a los productos originarios de la antigua colonia española, territorio en el que se han instalado muchas empresas agrícolas de nuestro país. Eso supone una competencia creciente para las hortalizas producidas en España.
Los jueces europeos dicen que, teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria, los acuerdos debían contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental y, por otro lado, constatan que no supone una ventaja para este pueblo derivada de la explotación de sus recursos naturales. A pesar de lo anterior, los jueces mantienen que los acuerdos se sigan aplicando por un periodo de doce meses. En otra sentencia, el citado tribunal determina que el etiquetado de los melones y los tomates recolectados en el Sáhara Occidental debe mencionar este territorio como país de origen y no Marruecos como sucede en la actualidad. Un asunto de alto voltaje.
