El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto la unificación de varios partidos judiciales, la creación de nuevos juzgados, resolver los defectos en las sedes judiciales y la ampliación de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las provincias de Huelva y Cádiz para hacer frente a los problemas que para la Justicia se derivan del enjuiciamiento en esta zona del narcotráfico.
El reciente informe del Servicio de Inspección del Consejo, que fue encargado para analizar la situación que se vive en los juzgados de Cádiz y Huelva después del asesinato de dos guardias civiles a manos de una narcolancha, pone de relieve la carencia de recursos personales y materiales que sufren los juzgados de los partidos judiciales de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte, Moguer de la Frontera y Barbate.
Se necesitan, señala el documento, la toma de medidas urgentes para paliar la situación límite que viven unos tribunales que instruyen causas “complejas” relacionadas con el narcotráfico y la considerable carga de trabajo que se soportan por esta razón. Particularmente en la provincia de Cádiz, donde la realidad en los órganos judiciales es “muy preocupante”, sorbe todo en los juzgados de instrucción y en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial gaditana, que tiene sede en la ciudad de Algeciras.
El origen del problema es para el Servicio de Inspección es claro: los numerosísimos procedimientos que se instruyen referidos a delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y el blanqueo de capitales que realizan estas organizaciones criminales. El volumen de procesos de esta clase causan “importantes disfunciones y retrasos” y llegan a la fase de enjuiciamiento con un volumen de trabajo inasumible con las actuales plantillas de funcionarios y las estructuras judiciales.
Las medidas a tomar para poder revertir la situación actual, señala el Consejo en base al informe de la situación, es la unificación de los partidos judiciales de la zona de Campo de Gibraltar (que aglutina Algeciras, La Línea y San Toque) uniendo 19 juzgados de primera instancia e instrucción y del único de violencia de género que actualmente existen en los tres partidos judiciales distintos que actualmente hay. Pasaría así a haber nueve juzgados e instrucción, otros ocho de primera instancia y dos más de violencia sobre la mujer.
La otra opción sería unificar solo los partidos judiciales de La
Línea de la Concepción y de San Roque, con dos sedes: una en La
Línea de la Concepción, en la que se ubicarían 4 juzgados de
instrucción y un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer; y otra
sede en San Roque, donde se ubicarían los 2 juzgados de primera
instancia, con competencia también en derecho de familia,
determinación de la capacidad, tutelas e internamientos. Esta
segunda opción subsidiaria debería completarse con un segundo
juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo, con sede en Algeciras,
y su comarcalización para todo el Campo de Gibraltar
Asimismo, se considera preciso que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre cuáles son las necesidades concretas que requeriría la unificación de los partidos judiciales de Cádiz, San Fernando y Puerto Real; Moguer y sus localidades limítrofes, y Chiclana de la Frontera y Barbate. Una vez se reciba el pronunciamiento a este respecto del Alto Tribunal andaluz sería remitido al Servicio de Inspección
Apuntan a que la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en el partido judicial de Sanlúcar de Barrameda, en Moguer y una nueva sección penal en Algeciras con sede en la Audiencia Provincial de Cádiz. Esta última tendría una planta de cuatro magistrados, tres de los cuales se detraerían de la actual Sección Séptima.
No se olvidan desde el CGPJ de las conocidas deficiencias y mejoras de los edificios y medios
materiales, que recogen desde el Servicio de Inspección en el informe. Llaman desde el órgano de gobierno de los jueces a reclamar a la Junta de Andalucía a que adopte con
urgencia las medidas necesarias para que el ejercicio de la función
jurisdiccional se desarrolle en un medio físico adecuado y en
condiciones dignas.
También tomar conocimiento de las propuestas del Servicio de Inspección
respecto a la elaboración de un plan integral de ampliación y refuerzo de
los agentes externos (peritos, interpretes o policía judicial, entre otros) que
intervienen en las causas penales tramitadas por los juzgados de
primera Instancia e Instrucción de las provincias de Cádiz y Huelva.
También sobre la necesidad de que las Comisiones Nacionales y
Provinciales de coordinación de la Policía Judicial deberían establecer
planes de actuación concretos, así como la coordinación a través de
la mesa de coordinación operativa (MECO) en el marco del IV Plan
Especial para el Campo de Gibraltar.
