La ciudad de Barcelona vuelve a ser pionera en medidas para poner freno a la masificación turística. Pero también se vislumbra una nueva batalla legal del sector perjudicado por las decisiones municipales, en este caso los propietarios de pisos turísticos y la patronal Apartur. En los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau (2015-2023) se aprobó un plan urbanístico de alojamientos turísticos que solo permitía abrir nuevos hoteles en la periferia, lo que provocó un alud de demandas de hoteleros a título personal y también del Gremio de Hoteles. En algunos casos los tribunales les dieron la razón y el consistorio tuvo que redactar una segunda versión del plan, más robusta, técnica y jurídicamente. Ahora son los propietarios de viviendas turísticas quienes se preparan para acudir a los tribunales tras el anuncio del alcalde Jaume Collboni, este viernes, de cerrar los 9.600 existentes en el horizonte de 2028.
La dificultad de cerrar la oferta ilegal
En Barcelona el Ayuntamiento lleva años luchando contra la oferta ilegal de pisos turísticos, los que no tienen licencia. En 2016, los comunes de Colau emprendieron una batalla contra la oferta ilegal, que se había disparado desde que su antecesor, Xavier Trias dijo basta en 2014 y no dio más licencias. Desde aquel año, un equipo de 30 rastreadores de páginas web, 27 inspectores y seis letrados ha conseguido reducir la cifra de 6.000 apartamentos sin licencia a “una cifra muy baja”, según el Ayuntamiento, incapaz de concretarla porque varía de un día para otro.
En el consistorio explican bien que la dificultad para cerrar pisos turísticos radica en que es una actividad que se realiza en una vivienda, cuyo uso es un derecho que reconoce la Constitución y que es muy complejo cesar la actividad. “Si una discoteca realiza una actividad ilegal, es fácil cerrarla porque no puede albergar otro uso. Una vivienda, no”, suelen explicar los técnicos municipales.
En siete años desde que comenzó el plan de choque contra la oferta ilegal se han analizado casi 70.00 anuncios, se han abierto 22.728 expedientes disciplinarios (puede haber varios por una misma ubicación) que han derivado en 9.679 órdenes de cese y 10.500 expedientes de multas. Además, “se han recuperado para uso de residencia habitual 3.473 pisos donde había actividad turística sin licencia”. Son datos municipales de enero de este año, cuando el Ayuntamiento impuso una multa de 420.000 al dueño de un edificio del centro que durante años se ha ofertado fragmentado como hoteles, albergue o pisos.
